CARACAS – Un total de 140 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en el país fueron atacadas durante el mes de julio, tiempo en el que registró la mayor cantidad de incidentes durante 2021, de acuerdo a un informe publicado este martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“140 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio evidencian los patrones sistemáticos de agresión que hacen parte de la política de criminalización”, dice el informe, que detalla que 72 estuvieron dirigidas contra personas defensoras de derechos humanos y 68 contra organizaciones.
La organización señaló que “durante el mes de julio se documentó el mayor número de ataques e incidentes de seguridad en contra del derecho a la defensa de derechos humanos en lo que va de 2021″.
Entre los “incidentes de seguridad” documentados, destacan 112 actos de “estigmatización”, 14 ataques de “intimidación y hostigamiento”, cinco detenciones arbitrarias y dos allanamientos.
El documento señala como principales responsables de estos hechos a medios de comunicación gubernamentales y funcionarios que ocupan distintas posiciones de poder en las instituciones del Estado.
De acuerdo al CDJ, las organizaciones de derechos humanos y humanitarias fueron acusadas de “robar” dinero proveniente de la cooperación internacional con fines “contrarrevolucionarios”, de “servir de fachada” para actividades de Gobiernos y servicios de inteligencia extranjeros, de “manejar millones para intervenir Gobiernos” y de “generar violencia”.
Las acusaciones fueron replicadas de forma automática por distintos funcionarios y medios de comunicación que forman parte del sistema nacional público del Estado.
Resaltan como principales plataformas utilizadas programas como Con el Mazo Dando, La Hojilla, Zurda Konducta, Misión Verdad, Lechuguinos y Correo del Orinoco, todos ellos conducidos o dirigidos por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o afines.
Los ataques fueron cometidos en un 44 % por medios de comunicación gubernamentales, el 24 % provienen de funcionarios públicos, un 12 % de organismos de seguridad, un 11 % de instituciones públicas y un 9 % de “otros“.
El CDJ señala al Estado venezolano de “recrudecer” la política de criminalización en contra de las organizaciones y activistas defensoras de derechos humanos.
“La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidos como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país”, dice el CDJ.
Asimismo, informaron que durante los primeros seis meses del año se registraron 374 ataques e incidentes contra personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela, lo que representó un aumento de 243 % en comparación con el mismo período del año 2020.
Redacción Caracas.
