CARACAS – En los últimos 8 años asesinaron mediante tortura a 76 personas en Venezuela, publicó la ONG Provea en un informe reciente. Los años en los que se registró el mayor número de muertes fueron 2013 (10), 2016 (14), 2018 (13) y 2019 (23).
La ONG señaló que durante el año pasado 858 ciudadanos sufrieron tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Se trataría, según la organización, del segundo registro más elevado de víctimas en los 8 años que ha estado como presidente Nicolás Maduro, solo superado por las 970 personas afectadas en 2018.
La organización aseguró que en 2020 hubo 59 denuncias por el delito contra el derecho a la integridad personal: involucran a 14 corporaciones de seguridad, a 4 entes de la administración pública central y descentralizada y a presuntas agrupaciones paramilitares.
Desde que asumió el poder en 2013, Nicolás Maduro, su administración acumula 36.842 víctimas de violaciones a la integridad personal, 85,8% más que el total de víctimas registradas por Provea entre los años 1990 y 2012.
La ONG indicó, también, que en 2020 las violaciones al derecho a la integridad personal tuvieron dos focos principales: el aumento de las amenazas y los tratos crueles contra personas privadas de libertad.
La directiva de la estatal Siderúrgica del Orinoco lideró la lista de violaciones a la integridad personal, con 1.000 casos de amenazas y hostigamiento contra los empleados de la empresa. Esto representa 36,6% del total registrado en 2020. Los jefes se adecuaron a la política oficial: amenazar y hostigar para evitar los reclamos laborales.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ocupó el segundo lugar con 308 víctimas. A esas personas las sometieron al hambre y a padecimientos, derivados de enfermedades por falta de atención médica, y a condiciones de insalubridad calificados como tratos crueles.
Este Ministerio, bajo la jefatura de Iris Varela, encabezó el listado de casos con 308 víctimas (35,8%). Todos los afectados, afirmó la Provea, fueron personas privadas de libertad que estaban recluidas en centros dependientes de ese organismo.
“La situación de abandono a la que está sometida la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante que está ocasionando muertes en los recintos carcelarios”, señaló el informe.
La ONG recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica. También incluye la falta de respeto a la dignidad humana, como los casos de hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, entre otras.
Redacción Madrid
