CARACAS – Rafael Narváez abogado defensor derechos humanos y coordinador de la defensa por los derechos civiles rechazó la inacción de los funcionarios, un caso destacado en Venezuela por la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet.
“El Estado sigue sin parar en la ejecución de las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas, la imposición de abogados del Estado vulnerando el derecho a la defensa de los detenidos al no permitirles su abogado de confianza vulnerando el debido proceso como lo establece nuestra constitución”, señaló en un comunicado.
Narváez destacó que los presos políticos que se encuentran en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Ramo Verde y en la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM) siguen siendo víctimas de la violación de los derechos procesales por la denegación de justicia que agudiza el retardo procesal y lo más grave es la situación de salud de los detenidos, aunado a la falta de un plan de vacunación contra el coronavirus.
El jurista exigió de nuevo a la alta comisionada Bachelet asumir con verdadera “gallardía” y disposición la defensa del informe de la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU nombrado por el consejo general para los derechos humanos.
“La ONU que actualmente preside donde califica, responsabiliza al Estado venezolano de haber cometido violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y debería darle vergüenza que nuevamente los expertos en materia de los derechos humanos de la OEA tenga que exigirle a la CPI proceder a la firma del informe preliminar para que se inicie la investigación”, afirmó el abogado.
Por su parte, el abogado y director de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, solicitó hace una semana la urgencia de respetar los lapsos procesales en los casos de presos políticos militares, destacando el importante retraso que han registrado la mayoría de ellos.
La organización reconoció que han registrado algunos adelantos en la progresión de varios procesos penales seguidos contra los militares, el defensor privado subrayó que aún existen casos que de manera injustificada y alarmante registran un grave retardo procesal “ilegal, inconstitucional y, por ende, violatorio de los derechos humanos”.
Redacción Caracas
