CARACAS – El abogado y director de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, solicitó este viernes la necesidad de respetar los lapsos procesales en los casos de presos políticos militares, destacando el importante retraso que han registrado varios de estos.
El jurista reconoció que se han dado algunos avances en la prosecución de varios procesos penales seguidos contra los castrenses, el defensor privado resaltó que aún existen casos que de manera injustificada y alarmante registran un grave retardo procesal “ilegal, inconstitucional y, por ende, violatorio de los derechos humanos”.
En su opinión, todos los juicios iniciados contra estos detenidos militares están marcados por el irrespeto a las garantías de ley desde el mismo momento de llevar al o los detenidos ante el juez de control cuando ha pasado el lapso mayor a 48 horas.
“En lugar de ser liberados por esta violación de sus garantías, los presuntamente involucrados permanecen detenidos indefinidamente; amén de que también se consuma lo que ha denominado la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas como Desaparición Forzada Breve o de Corta Duración”, señaló.
Mustiola, explicó que el promedio de retardo procesal, de acuerdo a los registros de esta ONG, es de 225 días, es decir, más de siete meses, a pesar que el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que, una vez presentada la acusación, la audiencia preliminar debe ser fijada en un lapso no mayor a 20 días.
El abogado precisó que el promedio de días de retardo procesal para el acto de apertura del juicio en los casos seguidos contra los oficiales es de 633 días, a pesar que el artículo 325 del COPP señala que, una vez llegado el expediente al tribunal de juicio, este debe iniciarse en un lapso no superior a 15 días.
Cárceles sin servicios básicos
Este viernes el parlamentario electo en 2015 y dirigente de la oposición, William Dávila aseguró que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro no han logrado ningún cambio en el sistema penitenciario del país en los últimos años.
El dirigente afirmó que el sistema judicial está formado por hacinamiento, retardo judicial y más de 75.000 personas privadas de libertad de las cuales 45.000 se encuentran en detenciones indefinidas.
“Las detenciones indefinidas complica los espacios en las cárceles. Tenemos cárceles con infraestructura de más de veinte años, que ni siquiera tienen agua”, aseguró.
En el transcurso de este mes el dirigente ya había rechazado la situación carcelaria del país, luego de que el Gobierno de Maduro expresara su intención de reformar el sistema de justicia, que llamaron como “revolución judicial”.
“La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos”, sentenció.
Añadió que el Gobierno chavista no tiene la “capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal”.
Redacción Caracas
