CARACAS – El Gobierno de Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” que realiza en el marco de una ley de migración “y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW).
Mediante un documento, la organización enumeró graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados de Chile, tales como impedimentos para realizar llamadas telefónicas y acceder a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.
Tras examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el HRW identificó también “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas” antes de que se concrete la expulsión de la persona.
“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, de acuerdo al documento.
El director acotó que resulta “contradictorio” que el Gobierno liderado por Sebastián Piñera “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.
Se calcula en que Chile reside cerca de 1,4 millones de migrantes (equivalente al 7 % de la población) y en la actualidad la comunidad venezolana es la más grande, con 457.000 personas.
La organización dijo que el Gobierno chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos “sin control judicial” y afectando principalmente a venezolanos.
Esta política del Ejecutivo se basa en una ley que establece la expulsión de aquellos migrantes con causas judiciales, para que cumplan la pena en su país de origen, y también la de quienes ingresaron de forma irregular a Chile y se encuentran en una situación administrativa ilegal.
De acuerdo al análisis de HRW, en la gran mayoría de los casos “los policías no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden”, afectando así derechos consagrados en tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, como “su derecho a ser escuchados y a presentar pruebas para impugnar la expulsión”.
Por su parte, la Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, pero la mayoría de los casos fue posterior a la deportación, indicó HRW.
Al revisar las deportaciones en Chile, las representaciones de la ONU en el país han resaltado reiteradas veces, que todas las personas tienen derecho a que se evalúen sus circunstancias de forma individual, incluyendo la necesidad de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad, recordó HRW.
Redacción Caracas
