CARACAS – El pleno de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, este martes, aprobó un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la nueva medida del Gobierno chavista de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello, con el fin de contrarrestar los efectos de las denuncias ante la Corte Penal Internacional.
El documento presentado por la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN de Guaidó, exige a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a través de documentos, informes y medidas sancionatorias individuales.
El parlamentario Williams Dávila, presidente de la referida instancia legislativa, reiteró la denuncia sobre la parcialidad del sistema judicial y el deterioro de la independencia de los Poderes Públicos, que están sometidos al Poder Ejecutivo y los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) expresadas por la oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH de la ONU; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas de América Latina.
A su juicio la reforma judicial y penitenciaria propuesta por el Gobierno de Maduro “es una respuesta política” que hace “la dictadura” ante las denuncias sobre los delitos de lesa humanidad que han sido comunicadas por la Corte Penal Internacional y como parte de una estrategia que quiere demostrar que funciona el sistema judicial de forma independiente y parcial en Venezuela.
“La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay 75 mil presos, de los cuales 40 mil están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio”, comentó Dávila quien a su vez, señaló que el régimen no tiene la capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal.
Denunció que el régimen convirtió las cárceles venezolanas en “centros de corrupción y negocios ilícitos y precisó que en el año 2020, se registraron 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron de desnutrición y tuberculosis y señaló que actualmente no poseen información precisa sobre los casos de contagios de coronavirus en las cárceles.
En la sesión online, el diputado Guillermo Palacios calificó de “payasada” esta sexta reforma del Poder Judicial, pues considera que carece de las características fundamentales de un Poder Judicial al servicio del Estado de Derecho como es ser: “Independiente y autónomo”. Por el contrario, predice que será otro fracaso institucional, con intenciones totalitarias para controlar y poner al servicio de los intereses políticos de la “dictadura”.
Por su parte, Tamara Adrián, denunció que tras 22 años, se padece las consecuencias de la desinstitucionalización del Poder Judicial que consistió que los jueces de carrera fueron sustituidos por jueces bajo la figura de libre nombramiento y remoción, por lo cual “ocasionó poco a poco el colapso del sistema judicial de manera indefectible” y aseguró que hay una necesidad urgente reconstruir el sistema administración de justicia.
Finalizó, la diputada Deyalita Aray, vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN 2015, quien afirmó que el sistema carcelario durante el chavismo se ha caracterizado por “tragedia, desastre, retardo procesal, enfermedad, violación de derechos humanos, hacinamiento, venganza contra la disidencia y muerte”.
Redacción Caracas
