CARACAS – En lo que va de 2021 se registraron 374 ataques contra organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, señala un informe publicado por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia.
La cifra anunciada por la organización se traduce un incremento de 243% en el primer semestre del año en comparación con el anterior, en el que se registraron 109 incidentes.
Unicamente en abril hubo al menos 115 violaciones a los derechos humanos, denuncia la ONG. El segundo mes con más agresiones fue enero con 99. En Febrero se dieron 28 agresiones; marzo, 56; mayo, 48; y junio se contabilizaron 28.
“Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la doctrina de la seguridad nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país”, denunció el Centro para los Defensores y la Justicia.
Los ataques contemplan diferentes formas: estigmatización (252), intimidación y hostigamiento (43), amenaza (35), judicialización (11), detención arbitraria (11), ataques digitales (11), allanamientos (3) y otros (8).
La organización recordó que uno de los mecanismos usados por el Gobierno chavista para someter a los defensores de derechos humanos es el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo, el cual precalifica a las organizaciones de terroristas.
En el mes de abril, más de 600 organizaciones civiles exigieron al Ejecutivo derogar la providencia número 001-2021, publicada en la Gaceta Oficial 42098.
A través de un comunicado, las ONG expresaron su contundente rechazo a la imposición de la medida, que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Los firmantes consideraron que la decisión constituye un acto “inconstitucional de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
Uno de los casos de violación a los DDHH más recientes y grave es el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido junto a su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios.
Los tres ciudadanos fueron acusados de los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Están recluidos en el Sebin de El Helicoide.
La detención de estos defensores de los derechos humanos ocurrió luego de que Fundaredes publicó varios informes en los que dio a conocer irregularidades en el conflicto en Apure entre las FARC y la FANB.
