CARACAS – La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición solicitada por Venezuela del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien reside en Italia y es requerido por los presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
Mediante un documento emitido por el procurador de Roma, Luigi Giuliano, se manifestó que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, expresó su opinión favorable a la extradición de Ramírez, hecha por la Justicia venezolana, según un tuit del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
De acuerdo al texto, el fiscal general no consideró suficiente las defensas hechas por Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política y que habría infligido “daño para la República Bolivariana de Venezuela”.
En ese sentido, se afirma que Venezuela realizó la solicitud de extradición por los delitos de peculado doloso, evasión de licitación, asociación para delinquir y financiación del terrorismo, que tiene correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano.
Igualmente se asevera que “no existen elementos” para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela “sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos o que el país no respetará los derechos fundamentales del imputado”.
En el texto se manifiesta que “parece necesario” que el Estado que hace el requerimiento “asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar”.
El exministro es investigado en Venezuela por al menos siete casos de corrupción y posee solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol.
En julio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición del exministro de Petróleo y expresó que asumía el compromiso ante Italia de que Ramírez será juzgado bajo “las debidas garantías” y “únicamente por su presunta participación” en la comisión de estos delitos.
Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014 durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, también se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2014 y 2016. Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una presunta trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012.
También está relacionado al caso del “buque fantasma”, propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratado en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.
Igualmente, el expresidente de Pdvsa se vincula con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del petróleo.
Redacción Caracas
