CARACAS – Unas 20 familias indígenas que viven de la cuenca del Caura, en el municipio Sucre del estado Bolívar, huyeron en las últimas semanas de sus hogares debido a la violencia generada en las zonas mineras del sector, reportó la organización defensora de derechos indígenas Kapé-Kapé.
El vocero de la ONG dijo a Correo del Caroní que lo que inició el desplazamiento obligado de los indígenas fue el asesinato de cuatro personas a mediados de abril en la mina El Silencio. Una de las víctimas era el capitán del pueblo jivi, Nelson Pérez.
A partir de estos sucesos, las familias del lugar abandonan sus caseríos y conucos para trasladarse a una zona donde se sientan seguras. Algunos se trasladan a otras comunidades al otro lado del río y otros deciden migrar hacia Puerto Ayacucho, estado Amazonas, reseña el medio.
Entre 2018 y 2020 han sido asesinadas cuatro autoridades indígenas en medio de disputas por el control de los territorios mineros. En la zona operan grupos armados, guerrilla extranjera y también ocurren conflictos entre etnias.
Desde que la minería ilegal comenzó a ejercerse con mayor continuidad en territorios indígenas, a partir de la creación del proyecto extractivista Arco Minero del Orinoco (AMO) aumentó la incursión de grupos armados, la presencia de cuerpos de seguridad del Estado, las pugnas entre etnias por el control de los yacimientos auríferos y, por lo tanto, la violencia, sin que el Estado tenga capacidad o intención de imponer su autoridad para el orden y la seguridad.
En esta zona, donde habitan más de cinco pueblos indígenas, han ocurrido al menos cuatro combates armados en lo que va de 2021. Según Kapé-Kapé, hasta abril no se había reportado ninguna muerte de indígenas.
Una maestra del Grupo Escolar Maripa y su esposo fueron asesinados en marzo, durante la incursión de un grupo armado en la mina El Kino, mismo lugar donde trabajaban tres mineros que desaparecieron en mayo cuando regresaban a la población de Guarataro, donde residen.
Por otra parte, la presencia de cuerpos policiales y militares las zonas mencionadas no es garantía de seguridad sino que propicia la tensión. En febrero de este año, la organización reportó la incursión de distintos grupos policiales y militares, que inició en el sector Alto Caura, y luego se desplazó hasta el Bajo Caura.
Aunque el objetivo era hacer un “operativo de seguridad” para desplazar a los grupos armados que actúan en la zona, los habitantes del sector denunciaron que recibieron malos tratos y el destrozo de los conucos por parte de los cuerpos de seguridad.
Denuncian que los indígenas continúan siendo víctimas de desplazamiento forzado, abusos, destrucción de sus pertenencias, amenazas y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes. Quienes aún se oponen a la minería, o quieren controlar la forma en la que esta se ejerce en sus territorios, siguen exigiendo la demarcación de su territorio así como el respeto y resguardo de sus tierras ancestrales.
