MADRID – De manera enfática se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia a solicitud propia ante el Congreso de los Diputados en la que justificó los indultos otorgados a los presos del procés y manifestó que “no habrá referéndum de autodeterminación.
Recordó las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Francisco Franco y rememoró ese espíritu de concordia y rechazó una de las aspiraciones más demandadas por los independentistas: el referéndum de autodeterminación pactado.
Sánchez argumentó que existen razones de utilidad pública para conceder la medida de gracia al tiempo que aseguró que “ninguna persona debe renunciar a sus ideales” porque “en nuestra democracia caben todas las ideas, también las independentistas”. No obstante, subrayó que no habrá referéndum a menos que el independentismo consiga la mayoría legal necesaria en el Congreso de los Diputados.
Sánchez se mantiene en la línea de la concordia para justificar la medida de gracia: “Diálogo y concordia. Concordia significa con corazón. Evoca los acuerdos a los que se llega desde la discrepancia. El espíritu de unir, en lugar de dividir entre buenos y malos españoles, o buenos y malos catalanes. La discordia política y territorial supone un lastre para la cohesión. Todos somos buenos españoles, catalanes o madrileños. Es importante integrar nuestra rica diversidad”.
Insistió que el indulto es una medida discrecional, que no arbitraria, y es una cuestión política que se mueve en un plano distinto al judicial, por lo que “ni cuestiona ni revisa” la sentencia.
Explicó que “es un instrumento reconocido, una medida de gracia regulada desde 1870, y regulada en nuestra Constitución. No es una excepcionalidad jurídica. Se han concedido más de 18.100 indultos desde 1979. Todos los Gobiernos han ejercido esta potestad. Su concesión es política, graciable y excepcional. Al ser política, se mueve en un plano distinto al judicial. No cuestiona ni revisa la decisión del tribunal. Cuando el Gobierno de Aznar concedió más de 6.200 indultos, no cuestionaba el trabajo de los jueces, como tampoco lo hizo el Gobierno de Rajoy. Este Gobierno progresista, que irrita a los bancos de la derecha y ultraderecha, es tan legítimo como cualquiera encabezado por afiliados del Partido Popular”.
Añadió, que se trata de una medida con condiciones, ya que “si uno de los indultados vuelve a cometer un delito de esta naturaleza en el plazo establecido, sumaría los años pendientes de condena a la condena fijada por el nuevo delito”.
Redacción Madrid
