CARACAS – El doctor, Ignacio Ramírez Romero, activista de Derechos Humanos y secretario del capítulo de Venezuela de la Asociación Americana de Juristas cree que la revisión al sistema judicial que adelanta el Ejecutivo nacional es claro ejemplo de que “las cosas no andan bien desde hace bastante tiempo”.
“El anuncio de la revolución judicial es un grito a voces que demanda la ciudadanía y la estructura vinculada al sistema de justicia, no solo son los tribunales sino el Ministerio Público, las defensorías, de investigación y órganos auxiliares”, manifestó.
Parte de las causas del daño al sistema judicial se basan, entre otras cosas, al presupuesto que se le debe asignar a su funcionamiento, una partida anual que no debe bajar de 2 % del presupuesto ordinario nacional, “pero eso evidentemente se ha vuelto sal y agua por la inflación y la crisis”.
El también presidente de la Federación de Derechos Humanos de Venezuela asegura que en el sistema actual existen algunos casos que son “inaceptables” y que deben revisarse en este proceso.
“Mucha gente que ha logrado que el juez tome una decisión, resuelva sobre una libertad y es inaceptable e inexplicable que un órgano policial esté por encima de la decisión de un juez. Tiene que haber tolerancia cero con algunas cosas”, destacó.
7 días en huelga con la boca cosida
Un grupo de 80 presos que permanecen detenidos en el estado Miranda, cumplieron este lunes una semana en huelga de hambre con la boca cosida para reclamar atención judicial, denunció la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Los presos permanecen en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza (Miranda) y comenzaron la huelga de hambre “para reclamar atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal”, detalló UVL en un comunicado.
La ONG, que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de los presos en Venezuela, aclaró que los familiares de los detenidos están a las afueras del recinto de la Policía de Plaza “para acompañar a sus parientes en huelga y elevar hasta las instancias gubernamentales la situación de hacinamiento en la que se encuentran en este centro de detención preventiva”.
De acuerdo a los datos de la organización, en los calabozos se encuentran detenidos más de 110 presos hacinados e, incluso, algunos están en los pasillos del recinto carcelario.
“Más de 20 de ellos tienen sentencia condenatoria y de ese total, la mitad lleva entre cuatro y siete años allí detenidos”, añadió UVL.
Los familiares, le exigieron a la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, que se pronuncie sobre este caso antes de que se agrave la salud de los presos por la falta de alimentación.
“Queremos que los trasladen a los que ya deben ser trasladados. Por eso pedimos al Ministerio Penitenciario que se aboque a atender este caso para que cesen la huelga”, concluyeron.
Redacción Caracas
