CARACAS – Romel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico, alzó la voz en nombre de los derechos que tienen los pueblos indígenas y la comunidad Pemón, con el Parque Nacional Canaima, actualmente abandonado y destruido por las malas políticas del gobierno.
El diputado apoyó el Proyecto presentado por la Asamblea Nacional electa en 2015, el cual rechaza la degradación y ecocidio en el Parque Nacional Canaima que está afectando a los indígenas y su hábitat.
Señaló que los pueblos indígenas juegan un papel importante para la subsistencia del parque, “los pemones son recelosos con su propiedad natural, dueños natos y sin ningún tipo de limitaciones. Todas las riquezas son del Estado Soberano, como lo reza la Constitución, pero también, le pertenecen a ellos antes de que se colonizara y llegara un gobierno”.
Insistió que los bienes ancestrales, atribuidos a los pueblos indígenas pemones, son intransferibles, inalienables e insustituibles, pero actualmente están siendo amenazados por actividades de minería y delincuencia organizada, que arman campamentos en la frontera con Brasil y donde ya han resultado un grupo de muertos.
Silencio absoluto
Asimismo, advirtió que el gobierno no se ha pronunciado por la muerte del indígena pemón en Canaima ni por la masacre de los siete pemones en la comunidad de Cumaracupay.
Finalmente, Guzamana pidió a las ONG nacionales e internacionales y gobiernos del mundo, que ayuden a preservar al parque como medio de vida del ambiente.
Vale destacar que mediante la AN, la Constitución y el Acuerdo de Transición, se pueden adoptar decisiones y llevar a cabo los siguientes acuerdos: Acuerdo sobre el decreto de creación de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco aprobado en plenaria en 2016; Acuerdo de nulidad absoluta de la resolución 0010 del ministerio de Desarrollo Ecológico en 2020; Acuerdo de acción política para la conservación del Parque Nacional Canaima, manteniendo su inclusión como patrimonio natural de la humanidad y la protección de todas las áreas bajo el régimen de protección para impedir la explotación minera; y el Informe Canaima 2020: Acuerdo de nulidad absoluta del decreto 4391 mediante el cual se crea aprobado en plenaria el 18 de enero de 2021.
Redacción Caracas
