MADRID – Las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas por el Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades han levantado una rebelión en varias comunidades autónomas, que se niegan a obedecerlas al considerarlas como una imposición que invade competencias, por lo que advierten recurrirlas.
La desescalada luego del estado de alarma comienza sin consenso y sin cogobernanza. El Ejecutivo rechazó tanto ampliar el estado de alarma como desarrollar una nueva legislación para la desescalada con el argumento de que se optaría por un “mecanismo de cogobernanza”. Esto significa, dejar las decisiones en manos del Consejo Interterritorial de Salud y la búsqueda el asentimiento entre las autonomías.
La rebelión desde los territorios no tiene que ver con el color político, ya que se han opuesto a la medida Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Euskadi. No están de acuerdo con la unificación de horarios en todo el territorio nacional y otras medidas obligatorias basadas en el nivel de alerta o incidencia de coronavirus de cada territorio.
Es una imposición
El lendakari anunció que no aplicará las nuevas medidas restrictivas acordadas ayer en la comisión interterritorial de Sanidad, a la que Euskadi no acudió como gesto de protesta por lo que consideran una “imposición”. Visiblemente molesto, Iñigo Urkullu dijo desde el Parlamento de Vitoria que Euskadi que no asumirá las restricciones: “Vamos a seguir manteniendo nuestra hoja de ruta, que se ha demostrado eficaz”, señaló.
Con Madrid no cuenten
La presidenta en funciones madrileña, Isabel Díaz Ayuso, califica la decisión como “una imposición política, arbitraria y no sanitaria”. Manifestó que “no estamos obligados a cumplir una norma de que no parte de un organismo que no tiene la capacidad de hacer ley algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial”. “Conmigo que no cuenten”, advirtió.
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió a Sanidad que vuelva al consenso y advirtió de su gobierno usará todos los medios, “incluso los jurídicos”, para defender los intereses de los castellanoleoneses para garantizar la salud “y seguir abriendo la economía”.
Cumplimiento obligado
Desde el Ministerio de Sanidad argumentan que el sistema de semáforo que regirá la desescalada ya fue aprobado en octubre del pasado año con un “amplísimo consenso”. Entonces, el objetivo de aquel esquema para coordinar la respuesta contra la Covid-19 tenía como meta permitir a cada comunidad autónoma evaluar el riesgo, establecer un nivel de alerta y adoptar medidas proporcionales, adaptables a la situación y al contexto de cada territorio.
La ministra Carolina Darias incidía en su “obligado cumplimiento”, mientras que hasta ahora se había permitido a las autonomías vía libre para decretar restricciones. “Tenemos que ser capaces de aprender de las lecciones, sabemos lo que pasó el verano pasado”, señaló.
Redacción Madrid
