CARACAS – La Sala de Casación Penal aprobó una resolución que ordena a los jueces acelerar los procesos penales para agilizar casos y reducir el hacinamiento de presos en las cárceles que esperan ser juzgados.
Sin embargo y a pesar de la medida para agilizar los retardos, hay un déficit de recursos y personal formado en el poder judicial venezolano.
La medida del artículo 7 establece iniciar 5 casos a la semana y continuar con otros dos en el mismo período, al tiempo que dicta las pautas para desarrollar el Plan de Agilización de las audiencias de la fase oral del juicio.
La resolución aprobada el pasado 29 de abril señala que los jueces deben clasificar las causas de los detenidos según el número de órganos de prueba, para estimar la cantidad de audiencias por juicio, y citar por horas a las partes (defensa y Fiscalía, víctima, testigos, peritos, etc.), así como hacerlos vía telefónica, correo electrónico, o mensaje de datos para reducir costos y tiempo.
Asimismo y para acortar las audiencias, se pondrá límites a las intervenciones de fiscales, abogados defensores, víctimas y testigos, según lo establezca los jueces y teniendo como referencia un guión o debate para cada expediente.
De igual manera el TSJ agilizará la fase de investigación y ejecución de las sentencias, donde se les dará prioridad a los acusados que estén presos, pero considerando para fijar las audiencias, el tiempo de privación de libertad, delito, situación procesal.
Sin embargo para algunos abogados expertos, el sistema judicial venezolano no está preparado para enviar emails de manera confiable y no tiene cómo certificar el envío o recepción de emails, lo que fomentará estafas o citaciones nunca lleguen a su destino.
Otro de lo problemas advertidos es el proceso de los traslados y las deficiencias para la movilización de los reclusos, lo que hará que se generen retrasos en las audiencia.
Finalmente, y según publicó Crónica Uno, los juristas ven que el retardo procesal en Venezuela se debe principalmente a fallas con la infraestructura, la carencia de recursos y las sucesivas reformas del Código Orgánico Procesal penal, que no se ajusta a la realidad nacional.
Redacción Caracas
