CARACAS – La directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) Marianna Romero, informó que los ataques contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas aumentaron 256% en 2021.
La estrategia del gobierno de Nicolás Maduro durante este año ha estado orientada a criminalizar, agredir y atacar a voluntarios y representantes que trabajan para las ONG e imposibilitar que sigan documentando y denunciando los atropellos a las víctimas de delitos de lesa humanidad en Venezuela, señaló Romero.
Señaló que la reciente medida impuesta por el gobierno chavista para que las ONG hagan pública la lista de sus beneficiados, si reciben financiamiento internacional, y también revelar quiénes son las víctimas que reciben la ayuda, viola lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales.
“Se mantiene el patrón de la estigmatización, pretendiendo descalificar y desacreditar el trabajo de documentación y denuncia de las ONG, ubicándolas como enemigos, terroristas, agentes desestabilizadores”, dijo Romero,
Hasta la fecha, en este año, se cometieron 183 ataques contra las ONG, 132 más que en 2020, reveló un reciente informe del CDJ.
La organización contabilizó 107 de estigmatizaciones, 31 hostigamientos, 13 amenazas, 9 detenciones arbitrarias, 10 judicializaciones, 3 allanamientos y 3 ataques digitales.
Por su parte, Martha Tineo, coordinadora de Justicia Encuentro y Perdón (JEP), explicó que la finalidad del Ejecutivo es silenciar a todas las voces disidentes de la nación caribeña, que han denunciado ante entes internacionales las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela.
“Esta providencia nos obliga a inscribirnos a una oficina nacional de terrorismo, que vulnera el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Es decir, nosotros podríamos ser concebidos como potencialmente terroristas, o podríamos estar asociados para delinquir si no nos registramos. Se supone que todos somos inocentes mientras se demuestre lo contrario, según el Estado las cosas ahora no son así”, expresó.
Asimismo, la coordinadora de JEP agregó: “Yo no puedo suministrarle a las autoridades la lista de personas que han denunciado la violación de derechos humanos en el país, porque los estaría colocando en un riesgo inminente, es como si a un violador sexual se le diga que su víctima o un familiar de su víctima lo denunció”.
Redacción Caracas
