Venezuela se sitúa atrás en la fila de Latinoamérica con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).
Por tal motivo, sus organizaciones presionan a la AN para que discutan una ley de matrimonio igualitario. No obstante, solo consiguen resistencia en una Venezuela muy conservadora.
«No se trata de un fetiche, sino la puerta a derechos sistemáticamente negados», comenta Haischel Escorche, una activista de 44 años en el apartamento que comparte en Caracas con su pareja, María Palacios.
Haischel subraya que el debate va más allá de lo patrimonial: Debe incluir “la adopción, la familia, el decidir qué hacer con el cuerpo de tu pareja si muere o decidir un tratamiento (médico)”.
Sin embargo, la Asamblea Nacional sigue sin legislar.
Manifestó que se les está discriminando a través de la vía de la omisión. “Ni negamos, ni condenamos, pero tampoco afirmamos los derechos de la población LGBTI’”, denuncia la abogada transexual Richelle Briceño, quien pide “voluntad política”. Heischel relata que ha llegado a sentirse “invisible”.
Redacción Caracas
