CARACAS – Este miércoles la organización Amnistía Internacional publicó su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo 2020/2021. En relación a Venezuela se habla que han continuado las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, y ataques a la prensa, en medio de una crisis humanitaria agravada por la pandemia de covid-19.
Resaltan en el documento que recibieron de nuevo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad del estado a lo largo del año y durante la crisis continuada de Derechos Humanos que ya sufría Venezuela.
“Quienes criticaban las políticas del gobierno -como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política- eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria”, reza el informe, que además indica que Amnistía Internacional tuvo conocimiento de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Las fallas en la independencia judicial, limitaciones en acceso a la justicia y falta de investigación a casos graves de tortura y muerte bajo custodia están entre las preocupaciones sobre #Venezuela del Informe Anual de Amnistía Internacional”, postean en el twitter de Amnistía.org, donde además se detalla que el informe se detiene en los juicios sin las debidas garantías, juicios a civiles en tribunales militares y en las deficiencias en el Sistema Judicial venezolano.
En cuanto las detenciones arbitrarias, indican que se utilizó la pandemia del coronavirus para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. “Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia”, expresan.
Asimismo, registró que hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley. “La OACNUDH señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas”, dice el documento.
Las condiciones constantes de escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para obtener medicinas y alimentos se vieron agravadas por la pandemia y dificultaban la capacidad de la población para cumplir las medidas de restricción impuestas para frenar los contagios, y también refiere el tema escasez de medicamentos.
Señalan que los medicamentos básicos resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, además de que el personal médico y de salud no dispone de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra el virus.
“Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas. También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas al covid-19”, destacó el informe.
Redacción Caracas
