MADRID – El Boletín Oficial del Estado publicó este martes la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para imposibilitar que el CGPJ pueda realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando finalice su mandato.
La publicación llega una semana después de que el Pleno del Senado aprobase de manera definitiva la reforma. Un trámite exprés para limitar las funciones del CGPJ que lleva más de dos años con el mandato expirado. La propuesta fue impulsada por PSOE y Podemos ante el bloqueo por parte del PP para renovar el órgano constitucional.
De acuerdo a lo que se ordena en el preámbulo de la reforma, la ley pretende establecer el régimen jurídico del Consejo cuando “la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución”. Recuerda que la Carta Magna decreta que ese periodo es de cinco años.
La norma señala que existe una “laguna jurídica” que hay que corregir al no estar regulados los límites de un Consejo en funciones. Establece que “facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones”.
La orden también señala que cuando el CGPJ se encuentre en funciones, su Presidencia no podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General.
Por su parte, el Consejo mantiene las facultades que “resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano”.
La ley agrupa entre otras cosas, que el CGPJ se deberá limitar a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, participar en la selección de jueces y magistrados y resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
Asimismo, también podrá ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y salas de Gobierno de los Tribunales. Un CGPJ caducado también podrá elaborar y ejecutar su propio presupuesto.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos se opusieron a esta reforma acusando al Gobierno de querer controlar el Poder Judicial.
Redacción Madrid
