MADRID – Aproximadamente 11 millones de hogares en España sufren una subida inminente de su factura eléctrica de más del 10% con la actual propuesta de reforma del recibo de la luz, que está previsto que entre en vigor el 1 de junio.
Este cambio, obligado por diversas directivas de Bruselas, pretende reducir el término de potencia de la factura y subir la variable incluyendo en esta parte, más costes fijos de cargos (extrapeninsular, déficit de tarifa, primas a las renovables) y peajes (pago a distribuidoras, al transporte y a la operación del sistema).
De acuerdo a los cálculos preliminares los consumidores minoristas con una tarifa 2.0A con discriminación horaria (dispone de periodo nocturno más barato y diurno de precio más alto), cuya potencia contratada está por debajo de los 10 kW (10,54 millones de consumidores, según datos de la CNMC), verán incrementada su factura eléctrica entre 58 y 80 euros al año.
Las estimaciones elaboradas toman de base a consumidores en PVPC (tarifa regulada) de entre 3.000 y 4.000 kWh al año, la media que utiliza la CNMC, y sobre un perfil de consumo estándar, según establece Red Eléctrica de España.
Las fuentes consultadas destacan que el resto de usuarios que no tienen discriminación horaria, unos 18 millones, apenas verán cambios en la factura. Dependiendo de su consumo, tendrán un impacto mínimo.
Sí que se beneficiarán del nuevo sistema de tarificación y precios de cargos y peajes, que a diferencia del actual cuenta con dos potencias en lugar de una y tres periodos de facturación, los usuarios que actualmente están en la tarifa de 2.1A. Es decir, aquellos que tienen una potencia de entre 10 y 15 kW. En este rango, en que hay algo menos de 800.000 usuarios, se encuentran consumidores con alta necesidad de potencia como grandes residencias y pymes de un consumo considerable.
En relación a los consumidores industriales, que se conectan en media y alta tensión, los primeros estudios apuntan a que tampoco se beneficiarían en exceso del nuevo sistema de tarificación, aunque los especialistas consultados señalan que la casuística es mucho más variada y la afectación, por consiguiente, más particular.
Por su parte, la OCU ya advierte de que “va a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que establezca un reparto de los costes fijos del sistema eléctrico más equilibrado y que permita una rebaja efectiva de la factura que pagan los consumidores”.
Los cálculos del sector están realizados luego de que el pasado jueves el departamento dirigido por Teresa Ribera anunciara en audiencia pública el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resulta de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. Previamente, la CNMC ya había hecho su propuesta de precio de peajes, que aún está a falta de la aprobación. La consulta pública se cierra el próximo 18 de marzo y de ahí deberá surgir la versión definitiva una vez se analicen las alegaciones a la orden.
El Gobierno ha establecido un diseño en el que la parte fija de la factura es más reducida y la parte variable (vinculada al consumo) es más cara, con el objetivo de establecer patrones de gasto de luz más eficientes. Estas modificaciones que está tramitando el Ejecutivo vienen a dar cumplimiento a varias directivas europeas que exigía transponer Bruselas.
Este aumento de la factura para millones de usuarios se da en paralelo al anteproyecto de ley para la creación de un Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que, según el Gobierno, prevé abaratar un 13% la factura eléctrica en los próximos cinco años, aunque aún debe ser aprobado por las Cortes.
Redacción Madrid
