MADRID – Nueve días de disturbios en Barcelona en protesta por la detención del rapero Pablo Hasel terminó este sábado con catorce detenidos. Entre ellos, el presunto responsable del ataque incendiario a una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente en el interior del vehículo.
Por su parte, el policía municipal pudo salir de la furgoneta sin heridas, pero el incendio pudo haber causado una desventura. Igualmente destrozaron la entrada de un hotel, una sede bancaria y practicaron el pillaje en diferentes establecimientos comerciales.
Al día siguiente de los acontecimientos, organizaciones políticas, empresariales y sindicales pidieron que se condene la violencia. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, anunció reuniones con el presidente en funciones, Pere Aragonès, la consejera Meritxell Budó y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para reforzar la seguridad. Los miembros del Ejecutivo catalán, inmersos en una negociación para formar un nuevo Gobierno, han tardado quince días en reaccionar.
La condena casi general puso este domingo en el punto de mira a la CUP, convocante de la protesta del sábado, y la formación que a través de Arran, su rama juvenil, ejerce presión con las manifestaciones. Aprieta desde la calle unas negociaciones para pactar un nuevo Gobierno catalán que se han tensado con la escalada violenta de las protestas.
Los anticapitalistas fueron los únicos en condenar el ataque a la furgoneta de la Guardia Urbana, calificado por los sindicatos policiales como “terrorismo callejero”. ERC acordó con la CUP días atrás cambios en el modelo policial, como gesto hacia los anticapitalistas para lograr su apoyo a la investidura de Aragonès. La CUP reclama la eliminación de las balas de foam y la supresión de la unidad antidisturbios. Tanto ERC como JxCat se habían mostrado receptivos con los antisistema, cuyos nueve escaños son decisivos para formar un gobierno de ERC y Junts. Por su parte, el consejero de Interior, a quien los sindicatos policiales acusan de haber dejado al cuerpo solo, salió en defensa de la Policía y advirtió que la supresión de la unidad de antidisturbios, como pide la CUP, no es negociable. “No se puede suprimir la Brimo”, avisó en Rac-1.
Aragonès evitó la comparecencia pública pero señaló a través de Twitter que siempre estará al lado del ejercicio de las libertades de forma pacífica, “nunca de los actos vandálicos y la violencia”.
Consejería de Interior señaló a un grupo de unos 200-300 jóvenes como los autores de los disturbios. “Es violencia pura y dura, sin límites e inaudita”, dijo el consejero. “La violencia está desbocada”, afirmó tras varios días sin salir en apoyo de su policía. La indignación en el cuerpo va en aumento y los agentes se sienten moneda de cambio en la negociación para la formación del nuevo ejecutivo.
“¿El cambio de modelo policial empieza por intentar matar policías quemándolos?”, denunció el sindicato de los mandos de los Mossos, que subrayó que la CUP convocó la protesta del sábado. El sindicato de agentes municipales Sapol anunció que se personará como acusación contra el grupo responsable de quemar el vehículo policial.
La negociación con la CUP se tensa y también entre Junts y ERC para ver quien asume la Consejería de Interior. El PP, mientras, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pues consideran que hay una parte del Ejecutivo, Podemos, que incita las manifestaciones violentas y la otra parte, PSOE, se mantiene en silencio para no incomodar a sus socios independentistas.
Por su parte, la coordinadora general de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, anunció este sábado que propondrán al líder de ERC, Pere Aragonès, formar un Govern de coalición con el apoyo externo del PSC ante la imposibilidad de que socialistas y republicanos “compartan” Ejecutivo: “Es la única opción realista”.
Redacción Madrid
