CARACAS – La vocera en español del Departamento de Estado de EEUU, Namita Biggins, afirmó el lunes que el enfoque de Washington a su regreso al Consejo de DDHH de la ONU es “trabajar con los aliados” con el objetivo de continuar apoyando a Venezuela y Cuba, al tiempo que desestimó que exista cualquier contacto directo con el gobierno de Nicolás Maduro en el seno de dicho consejo.
“No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados”, aseguró Biggins.
La vocera indicó que Estados Unidos estará en calidad de “observador” y resaltó que la administración Biden cree en la participación y que no se logró nada por haber dejado las instancias internacionales.
Aseguró que EEUU continúa manteniendo contactos con “varios miembros de la oposición” además de Juan Guaidó, reconocido por Washington y una parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela, y que la prioridad en la política hacia nuestro país de Biden es hacer frente a “la crisis humanitaria” y actuar contra “el régimen y sus colaboradores”.
Destacó que la nueva administración estadounidense está revisando las decisiones tomadas por el gobierno anterior, como por ejemplo el incluir nuevamente a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, al tiempo que afirmó que Latinoamérica sigue siendo importante para el gobierno de Biden para tratar temas como la migración ilegal, temas que abordan de forma “humana”.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció vía Twitter el lunes 8 de febrero el retorno de su país al Consejo de DDHH de la ONU al considerar que ese organismo está presentando “fallas” y debe reformarse, por lo que la decisión de salirse de esa instancia no va a ayudar a su mejoramiento.
A su juicio, la mejor manera de poderlo mejorar es “a través de un liderazgo estadounidense sólido y con principios”, mientras resaltó que bajo la administración Biden, EEUU recupera sus compromisos y asume su puesto de líder.
Blinken señaló que cuando el Consejo de DDHH de la ONU “funciona bien”, destaca a los países “con los peores antecedentes en materia de derechos humanos y puede servir como un faro para quienes luchan contra la injusticia y la tiranía”.
2020 un año de violaciones
Humberto Prado, designado como comisionado en materia de DDHH por la Asamblea Nacional electa en 2015, presentó un adelanto del Informe Anual 2020 respecto a este tema, donde señala los hechos más relevantes ocurridos durante los últimos 12 meses sobre la violación de los DDHH.
Resaltó que por primera vez una Misión Independiente de la ONU afirmó que sí existían motivos “razonables” para creer que en Venezuela sí se produjeron graves violaciones a los DDHH, muchas de ellas que serían parte de crímenes de lesa humanidad.
Otros eventos que fueron calificados de “positivos” fueron que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, presidida por Michelle Bachelet, mantuviera una oficina en Venezuela y que a su vez reconociera la falta de condiciones para llevar a cabo cualquier proceso electoral; el pronunciamiento de la CIDH en dos sentencias sobre masacres en las cárceles y una opinión consultiva “sobre el estatus de las obligaciones de los Estados que denuncia la Convención American”.
La visita que la CIDH hizo a la frontera colombo-venezolana y los avances a la etapa III del examen preliminar de la situación de nuestro país en la Corte Penal Internacional son otros hitos valorados de forma satisfactoria durante 2020.
Se destacan violaciones de derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de DDHH, así como los ataques a los medios de comunicación y periodistas.
También contiene la documentación pertinente sobre la migración de más de 5,4 millones de personas por la región sudamericana, al tiempo que alertó que unos 96 diputados -tanto principales como suplentes- fueron víctimas de persecución política entre 2015 y 2020, lo que ha llevado a que al menos 29 parlamentarios hayan tenido que exiliarse.
El Comisionado Presidencial describe también “la escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras de DDHH ha ido en aumento con más de 338 ataques registrados hasta finales de 2020”.
