MADRID – Luis Bárcenas ha entregado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción con la intención de cooperar y adelanta detalles sobre el funcionamiento de la supuesta caja B que manejaba el PP.
Bárcenas sostiene que Mariano Rajoy era “perfecto conocedor” del funcionamiento de esta contabilidad paralela, para lo que pone como ejemplo un episodio que vivió con él en 2009: “Tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.
El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, se presentará al juicio que comienza el próximo 8 de febrero y que se concentra en el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja B. Por estas obras es juzgado el propio Bárcenas, el exgerente del partido, Cristóbal Páez, y los responsables de Unifica, empresa que se encargó de las mismas: Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.
“En 2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de 1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos B a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid en la calle de Génova número 13”, asegura el extesorero. Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy declararán a su vez como testigos en el juicio.
En cuanto al pago de sobresueldos en el partido, Bárcenas señala una vez más a Rajoy, pero también a “Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo”. Afirma que “existe una grabación en poder de persona —que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal— que yo he escuchado, en la que Álvaro de Lapuerta en una conversación grabada con esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.
Los señalamientos al expresidente son constantes, pero el extesorero sitúa el inicio de la caja B en 1982: “Esos fondos se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Estos donativos se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta, estando yo presente en algunas”, asegura.
“Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación, que, sin embargo, no son objeto de enjuiciamiento en la presente pieza”, señaló.
La declaración del 15 de julio de 2013, explica las preocupaciones del partido desde entonces, hasta el punto de que la investigación que se conocía hasta ese momento como los papeles de Bárcenas cambió de nombre. Desde aquel día de verano, nació la caja B del PP.
Partido señalado
Por su parte, el PP acude al juicio como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido, lo que abre la puerta a que el extesorero se extienda en sus explicaciones. Por mucho que la credibilidad del extesorero se haya visto mermada por sus cambios de versiones en los últimos años, las fuentes consultadas apuntan a que tratará de respaldar con documentación cualquier afirmación, por lo que los efectos de este primer juicio pueden afectar a las investigaciones paralelas que todavía tiene entre manos la Audiencia Nacional.
El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, reactivó la pasada semana las pesquisas sobre la caja B, lo que allana el camino para que la reforma de la sede no sea más que el pistoletazo de salida a nuevas revelaciones.
Las condenas
Ante el juicio, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, “ajena al control del departamento de contabilidad”, por lo que atribuye al extesorero un delito fiscal, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental. En total, cinco años de cárcel.
Por el supuesto pago de las obras en la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa caja B, el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y los 102.500 en el caso de Páez.
En referencia a la responsabilidad del PP, Romeral no ve delito fiscal. Recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar en el impuesto sobre sociedades. Pero sí mantiene al partido como responsable civil subsidiario, que no penal, de los delitos fiscales cometidos por Bárcenas, Lapuerta y Páez por el supuesto pago en negro
