CARACAS – El enjuiciamiento por terrorismo a los militares venezolanos abre las puertas para la persecución internacional. El exfiscal Zair Mundaray subrayó que esta persecución fuera del país está prohibida en la justicia castrense y por eso los casos de los uniformados disidentes son pasados a una jurisdicción especial.
Durante el foro chat denominado “Juzgamiento de militares en jurisdicción especial de terrorismo”, organizado por Justicia Venezolana, Mundaray explicó que el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) limita las actuaciones al territorio nacional y no le sirve al gobierno de Nicolás Maduro para enjuiciar a los militares disidentes ni emitir alertas ante la Interpol.
El ex fiscal refirió que según el artículo 3 de la Convención de Extradición de Montevideo (1933), dentro de los supuestos por los que el Estado requerido no está obligado a conceder la extradición figura, precisamente, “cuando se trate de delitos puramente militares o contra la religión”.
En ese sentido, señaló que se evidencia entonces que al Estado venezolano le resulta más conveniente llevar a los militares a la jurisdicción especial de terrorismo.
“El modelo de Estado autoritario que tenemos genera políticas públicas de persecución a quienes son disidentes. Hay un aparataje estatal que persigue y procura ventajas de ese sistema”, señaló Mundaray, durante el foro realizado el miércoles 27 de enero.
Aseveró que uno de los cuestionamientos que se han hecho a la justicia militar, internacionalmente, es que, es percibida como un “fuero” porque muchos casos son elevados ante esa jurisdicción buscando cubrirse de impunidad.
Recordó que en el caso del general retirado Francisco Usón Ramírez, exministro de Hugo Chávez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2009, condenó el uso de la jurisdicción militar. Al militar lo enjuiciaron tras dar emitir opinión sobre el empleo de un lanzallamas.
“Además, los jueces militares son designados por el Ministerio de la Defensa. La jurisdicción militar es vista como una forma para perseguir a algunos o buscar impunidad de otros”, señaló.
Aseguró que, como se ha visto, el gobierno de Nicolás Maduro “usa el delito de terrorismo como una suerte de comodín”. Agregó que las disposiciones penales sobre este delito son vagas.
Afirmó que en Venezuela, se busca criminalizar la protesta vinculándola a delitos muy graves como el terrorismo, que es definido por el poder circunstancial.
Igualmente, advirtió, que la política también incluye la intimidación. Dijo que se ha visto lo “fácil que resulta usar las normas de terrorismo”.
En el mismo contexto, Lilian Camejo, directora de Justicia Venezolana, resaltó que la jurisdicción especial de terrorismo atenta contra el debido proceso.
