CARACAS – La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó el martes 26 de enero que la relatora especial de la ONU Alena Douhan visitará Venezuela por 12 días y se prevé comenzar el lunes 1° de febrero, visita con la cual analizará el “impacto negativo” de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Rodríguez explicó que se le expondrá a Douhan “un conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico” que según las aseveraciones realizadas desde el gobierno chavista, fueron producto de las medidas coercitivas que son “contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros” contra Venezuela.
Indicó que en un primer momento se había emitido una invitación a Idriss Jazairy, predecesor de la nueva relatora, a quien se le traspasó el llamamiento para viajar a Venezuela a certificar las “medidas coercitivas” y recordó que el expresidente de EEUU Donald Trump fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por la “violación sistemática y masiva de los DDHH” producto de estas decisiones de la Casa Blanca.
En su estadía en Venezuela la relatora de la ONU recopilará la data necesaria en el país para comprobar las denuncias hechas por la administración de Nicolás Maduro, para lo que se reunirá con autoridades del Estado, con representantes de distintos sectores de la sociedad, del sistema de la ONU y del cuerpo diplomático. No obstante, en la nota reseñada por La Vanguardia no se especifica si Douhan hablará con la oposición venezolana.
El anuncio de la visita de Alena Douhan ocurre luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobara el jueves 21 de enero una directiva de seguridad nacional en la que anuncia una revisión por parte de los secretarios del Tesoro, Comercio, Salud y Servicios Humanos, junto al director de la USAID de las sanciones económicas y financieras tanto de EEUU como de organismos multilarerales como la Unión Europea, tanto a Venezuela como a otros países.
La medida se hace con el objetivo de “evaluar si están obstaculizando indebidamente las respuestas a la pandemia covid-19, y brindar recomendaciones al Presidente, a través del asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y el Coordinador de Respuesta covid-19, para cualquier cambio de enfoque”.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han aplicado sanciones individuales a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y a empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es el principal punto de ingresos económicos para el país, desde 2017 tras la instalación de la impuesta asamblea constituyente y los más de 120 fallecidos que dejaron las protesta antigubernamentales de ese año.
Las acción restrictiva contra Pdvsa comenzó a partir de enero de 2019 cuando se cancelaron las órdenes de compra por parte del Departamento del Tesoro y de Estado, mientras se entregó el control de Citgo al gobierno interino liderado por Juan Guaidó; después vinieron sanciones contra buques de la estatal petrolera, en especial los que transportan petróleo a Cuba y en agosto de ese año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro, decreta bloqueo económico total salvo algunas excepciones
