CARACAS – El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels reiteró su rechazo a la detención de 5 miembros de la ONG Azul Positivo y explicó que los delitos que le fueron imputados no tienen base legal. Calificó el hecho como otro ataque del gobierno de Maduro contra quienes ayudan a los más vulnerables y desasistidos.
Daniels explicó los delitos imputados a los miembros de Azul Positivo y recordó que la organización tiene más de 16 años de trabajo en el área de salud y en el campo humanitario.
La ONG “ha trabajado con organizaciones internacionales muy reputadas y con el sistema de agencias de Naciones Unidas, entre otras, con Acnur y ONUSIDA. No son ningunos advenedizos sino un grupo de personas comprometidas con el sufrimiento de los abandonados por el estado venezolano”.
Detalló cómo se desarrolla el programa que lleva a cabo Azul positivo y que es cuestionado por las autoridades: en zonas populares con familias en riesgo de no cubrir sus necesidades vitales se escogen aquellos casos que estén más comprometidos, previo estudio socio económico, y se les dan unas tarjetas para que adquieren alimentos de la canasta básica en abastos de la zona.
Daniels sostiene que los fondos de este programa provienen de la cooperación internacional y así ha sido debidamente acreditado ante quienes los investigan y agregó que como este programa existen muchos otros, en el país, financiados por organizaciones como la Oxfam o por las propias agencias de Naciones Unidas. “De modo que el origen de los fondos no puede ser más legítimo”, afirmó.
Imputaciones
A los detenidos se les imputo por legitimación de capitales. El abogado señaló que este delito está contemplado en el artículo 35 de la Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y tiene establecida una pena de 10 a 15 años.
“Aplicado esto al caso de Azul positivo, resulta evidente que no existe legitimación de capitales porque los fondos, como se ha dicho, provienen de la cooperación internacional, y en segundo lugar porque el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios, de modo que no queda nada que legitimar”, condenó.
Otro de los delitos que se les imputó fue el uso fraudulento de tarjetas inteligentes. Daniel señaló que este está en el artículo 16 de la Ley especial contra los delitos informáticos penados con una sanción de 5 a 10 años y que consiste en la manipulación de este tipo de tarjetas o de la información en ellas contenidas, o valerse que otros hagan este tipo de manipulación con el objeto (cito) “de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la cuantía de éstos”.
“Nada esto ocurre en el supuesto de Azul positivo que tiene plenamente identificados tanto a los beneficiarios como a los comercios que están en el programa y que por ello no necesita manipular las tarjetas por las que se ejecutan la transacciones ni alterar sus montos, de modo que no se dan ninguno de los supuestos que la norma establece”.
Por último, se les imputa el delito de asociación para delinquir, pero dado que los delitos principales no son aplicables, es decir, no hubo actividad delictiva alguna, entonces este último “se cae por su propio peso pues nunca hubo intención de delinquir”.
“El caso de Azul positivo no tiene base legal alguna y no es más que otro ataque contra las organizaciones humanitarias que dan comida y otros insumos de primera necesidad a quienes los necesitan y que tristemente son las primeras víctimas de la paralización de estos programas por la persecución oficial. Por todo lo expuesto, debemos concluir entonces que la detención de los trabajadores humanitarios no sólo es injusta, sino que es, sobre todo, inmoral”, subrayó
