CARACAS – Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, considera que la expropiación del Centro Comercial Sambil La Candelaria marcó el inicio de las violaciones a la propiedad privada.
“Luego de 12 años el inmueble terminó como un depósito de Mi Casa Bien Equipada sólo para enchufados, perdiéndose la oportunidad de que el centro comercial generará más de 4.000 empleos directos y 6.000 indirectos, asimismo, para la fecha ni la constructora Sambil ni los más de 250 comerciantes han recibido un bolívar. Le exigimos al Gobierno que si hablan de mejorar la economía comiencen por devolver a sus legítimos dueños esta estructura”, expresó.
Rojas presentó ante la opinión pública un informe donde reveló que durante el año 2020, fueron invadidas 53 edificaciones en el municipio Libertador y 40 de ellas han sido en medio de la cuarentena del coronavirus, la cual es usada como excusa por los colectivos para ejecutar estas acciones delictuales.
“Además este año con esta nueva oleada de invasiones el 56 % de los inmuebles tomados ilegalmente son comercios e industrias, aprovechando que se encontraban cerrados a causa de la pandemia. Para nosotros la propiedad privada es un derecho humano”, aseguró.
El integrante de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, explicó que la Alcaldía de Libertador encabezada por Erika Farías respalda a los colectivos. “El caso del edificio Padrón en la parroquia San Pedro invasores identificados con el PSUV tomaron a la fuerza la estructura y luego la propia sindico Procuradora Municipal Cristina Fazzini le dijo a los legítimos propietarios que debían salir del inmueble en 30 días. Caso similar ocurrió en la Mansión Forever, de El Recreo, donde las comunas se metieron y, argumentando usarla como centro de atención del Covid-19 se robaron la casa”, indicó.
“Por ejemplo vemos al parlamentario del norte de Caracas Rigel Sergent derribando la puerta de un apartamento para invadirlo en el edificio Cori de la parroquia San José, todo bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional, también observamos al hijo de la diputada Carmen Zerpa como líder del colectivos Cupaz en la parroquia Altagracia liderando la toma ilegal del edificio Don Joaquín. Ellos ven la violación a la propiedad privada como una política de Estado”, detalló.
Omar Pérez, propietario de las residencias Cori, denunció cómo fue invadida su propiedad, el dueño en cuestión relató que “fue invadido por personas que tenían su propio apartamento en zona cercana”, también comentó que el diputado Rigel Sergent reventó las dos puertas de su inmueble.
Inquilinos sin defensa
El sector inmobiliario cierra el año con una ralentización, debido a las diferencias políticas, indicó este lunes el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López.
A principios de año teníamos buenas expectativas, pero la pandemia cerró todo, y después interfirió lo político, señaló López.
No tenemos crédito ni preventas, las circunstancias hacen muy difíciles las operaciones, detalló.
Comentó que la oferta inmobiliaria en el mercado secundario, supera la demanda; el primario tiene años parados, analizó.
La ley vigente no protege al inquilino, porque la gente necesita alquilar y pone sus condiciones. “No estoy pidiendo sacar al inquilino; estoy pidiendo protegerlo si cumple con las condiciones”, concluyó.
