CARACAS – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano por un operativo que realizó la Guardia Nacional Bolivariana en la cárcel de Vista Hermosa en 2003 y en el que murieron ejecutados 7 presos y otros 27 resultaron heridos.
La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, informó este jueves que a pesar de que el gobierno venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, era precisa la sentencia para profundizar en lo sucedido y ordenar medidas de reparación.
“Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida”, expresó la CIDH.
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, que estaban privados de la libertad en el Internado Judicial Vista Hermosa de Ciudad Bolívar.
El organismo agregó en la sentencia que en cuanto a las personas lesionadas, “el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”.
El Tribunal igualmente dictaminó que el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas.
Por su parte los jueces interamericanos, manifestaron que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura.
El juzgado también encontró que los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de lo sucedido.
Estado acepta responsabilidad
La Corte Interamericana recordó que durante el proceso, el Estado de Venezuela aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso y reconoció que las muertes “encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.
Asimismo, el Estado reconoció que como resultado del operativo realizado por la Guardia Nacional se produjeron las lesiones de los detenidos.
En la sentencia, la CIDH ordena a Venezuela reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los responsables y debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
En referencia a las indemnizaciones, la Corte ordenó, por concepto de daño inmaterial, 50.000 dólares para la familia de cada fallecido, y 25.000 dólares para cada una de las 27 personas que resultaron heridas Por lucro cesante, el Estado deberá pagar 50.000 dólares a la familia de cada víctima fallecida.
La organización emitió una segunda condena en lo que va de mes contra el estado venezolano, ya que el pasado 11 de diciembre lo condenó por la muerte de cinco reclusos en un incendio ocurrido en Centro de Tratamiento y Diagnóstico “Monseñor Juan José Bernal”.
En septiembre de 2013, Venezuela abandonó el Sistema Interamericano de Justicia, pero la salida definitiva no se ha concretado, por lo que la Corte sigue ventilando los casos pendientes de presuntas violaciones de Derechos Humanos en el país.
