CARACAS – La diputada Manuela Bolívar, exhortó a las autoridades de Trinidad Y Tobago garantizar los derechos humanos y la vida de hombres, mujeres, niños y niñas que huyen hacia sus tierras, a propósito de la tragedia de Güiria, estado Sucre, donde se han encontrado más de 20 cadáveres de migrantes que salieron en una balsa desde Venezuela para huir de la grave emergencia humanitaria.
Durante su intervención en la AN señaló que “no es la primera vez que Trinidad y Tobago rechaza a venezolanos en mar abierto, devolviéndolos sin ningún tipo de garantías y violando toda la normativa internacional que protege a refugiados. Pero, además, no es la primera vez que Trinidad y Tobago en complicidad con el régimen ha vulnerado los derechos de los venezolanos que huyen forzadamente del país”.
Recordó el caso de la embarcación donde iban 38 personas, la mayoría eran mujeres, jóvenes presuntamente víctimas de trata de personas, de las que apenas quedan vivas 4. Asimismo, de los 16 menores de edad expulsados de la isla el pasado 22 de noviembre y días más tarde de la detención arbitraria de otros 7 venezolanos, consecuencia directa de la complicidad criminal entre el régimen y Trinidad y Tobago.
La parlamentaria hizo énfasis que entre abril y mayo de 2019, al menos, 50 personas desaparecieron producto de supuestos naufragios, entre los cuales la gran mayoría, eran mujeres y niñas venezolanas.
“Cuatro mil venezolanas han sido víctimas de la trata en Trinidad y Tobago. El 19 de septiembre fueron expulsadas 93 personas de Trinidad y Tobago y otras 165, entre Julio y agosto. Estamos hablando de gente que se monta en una lancha porque muere de hambre en Venezuela.”
Ante los hechos, Bolívar pidió a las organizaciones internacionales a fijar una posición ante la situación de los migrantes venezolanos, y no ser cómplices a través del silencio.
Asimismo, exhortó abrir una investigación sobre los distintos espacios de protección y defensa de los derechos humanos y migratorios sobre lo que ocurre en esa frontera marítima, incluyendo los delitos de trata y tráfico de personas, además de darle acceso a las ONG para investigar sobre la integridad de los venezolanos presos en la isla.
