CARACAS – La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confía en que sus donantes puedan financiar los 1.440 millones de dólares que necesita para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos que se encuentran en Latinoamérica y el Caribe.
La solicitud de fondos también abarca los planes de ese organismo y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para asistir a las comunidades locales de los diferentes países que han acogido a los venezolanos.
Las cifras más actualizas indican que hay 5,4 millones de refugiados y migrantes de Venezuela repartidos en todo el mundo, con una extensa mayoría que se encuentran en la misma región, que está sufriendo una crisis social y económica a consecuencia de la pandemia, y que por tanto ya no tiene la misma capacidad de hace un año para prestarle apoyo.
Esta misma situación de emergencia sanitaria ha hecho que los venezolanos pierdan los escasos medios de subsistencia que tenían, con solo unos pocos países que les ofrecen acceso a servicios sociales comparables a los de sus propios ciudadanos, señaló el ACNUR a través de un comunicado emitido desde su sede en Ginebra.
De acuerdo a la agencia de la ONU, el deterioro de esa situación se manifiesta en el aumento de los desalojos de los lugares que habitan, lo que ha hecho que muchos estén viviendo en la calle o en albergues temporales facilitados por organizaciones de caridad.
Igualmente, el ACNUR sostuvo que la pandemia por Covid-19 ha provocado un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres, de problemas mentales, de malnutrición, así como incidentes causados por el estigma que sufren los venezolanos.
Reformas migratorias en Ecuador
Las reformas a la Ley de Movilidad Humana en Ecuador, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, han causado polémica entre ciertos sectores de la población, que ven en el instrumento una forma de “criminalizar” al fenómeno migratorio, en especial a la comunidad venezolana que vive en ese país, la cual expresó su descontento a través de un comunicado de prensa.
El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, expresó que las reformas no están dirigidas contra nadie y que lo que se busca con ellas es generar normas que permitan la convivencia pacífica y una migración ordenada.
Flores reconoce que el éxodo de venezolanos se ha dado en buena parte hacía el Ecuador y que negarles la entrada no es posible, ya que ellos buscan mejores condiciones de vida y llegan huyendo de la grave crisis que atraviesa su país. No obstante, agrega que ante el aumento desmedido de la migración era necesario adaptar la ley.
De acuerdo a Flores, los cambios eran necesarios para “poner orden en casa” y argumentó que cualquier persona que migra debe adaptarse a las leyes que rigen en el país de destino. Insiste en que la reforma respeta el debido proceso y no discrimina a nadie por su situación migratoria.
“No es que cualquier persona es detenida y deportada (…), en esta ley está garantizado el debido proceso. Está garantizado su derecho a la defensa”, asegura.
Por otra parte, asociaciones de venezolanos residentes en Ecuador difieren del tema. Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Civil de Venezolanos expresó que las reformas se orientan a “criminalizar la migración”, además de tener términos muy ambiguos o subjetivos que van en contra de lo que dice la Constitución, en lo referente al reconocimiento de que los extranjeros tengan los mismos derechos que los ecuatorianos.
“Solicitamos públicamente al gobierno de Lenin Moreno no dar paso a las reformas hechas por la Asamblea a la Ley de Movilidad Humana y VETAR TOTALMENTE, porque constituyen un claro atentado a la dignidad de los trabajadores inmigrantes además de ser una ley inconstitucional, regresiva y que viola todos los derechos humanos”, reza el texto.
