CARACAS – La jueza Sara Cockerill, de la División Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior de Londres, dio este jueves la razón al equipo de Guaidó al ordenar que el proceso de primera instancia quede “detenido” hasta que el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial británica, se pronuncie sobre un recurso que el grupo opositor planteó.
Se estimó que es posible que transcurran “hasta dos años” antes de que el caso regrese al Tribunal Superior, que es el que ha de autorizar el acceso a las reservas de 31 lingotes de oro, por unos 1.300 millones de dólares, depositadas en el Banco de Inglaterra.
Andrew Fulton, que representa a la junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó confirmó hoy que el Supremo ha admitido a trámite su recurso contra el dictamen emitido el 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones.
Dicho tribunal anuló un fallo del 2 de julio del ya jubilado juez Nigel Teare, al que sustituye Cockerill, que otorgaba a la junta de Guaidó la autoridad sobre el oro.
La corte de Apelaciones rechazó que el Gobierno británico reconociera a Guaidó de forma “inequívoca” como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, donde lo reconocía como “presidente constitucional interino” hasta que se celebraran elecciones legítimas.
Establecer a quién reconoce el Ejecutivo del Reino Unido como el gobernante de Venezuela es un aspecto clave para decidir quién tiene autoridad sobre los activos en jurisdicción británica.
En su recurso al Supremo, Fulton sostiene que el Tribunal de Apelaciones debió aceptar sin cuestionar o indagar la declaración del Gobierno de Londres en reconocimiento de Guaidó, al amparo de la Doctrina de una sola voz, que obliga a las instituciones del Estado a actuar unificadas en política exterior.
Por su parte, Nick Vineall de la junta del BCV nombrada por Maduro, ha sostenido en este proceso que, aunque Londres reconociera a Juan Guaidó de iure (en derecho), de facto trata con la Administración de Maduro, que es la que controla las instituciones en Venezuela y, por tanto, debe acceder al oro.
A instancias del Tribunal de Apelaciones, la jueza Cockerill debía preguntar al Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, a quién reconoce realmente al frente de Venezuela, pero esta gestión ha quedado postergada.
La magistrada argumentó que seguir adelante sería “inapropiado”, al justificar el aplazamiento del juicio, porque podría “solaparse” con las diligencias en el Supremo e incluso incurrir en inconstitucionalidad.
En esta última audiencia, se informó que el equipo de Guaidó ha pagado finalmente, con retraso, al bando contrario las costas judiciales pendientes por valor de 400.000 libras (438.000 euros o 532.000 dólares), aunque el equipo de Maduro pedirá ahora los costes de reclamar ese dinero.
