CARACAS – 12 de los 52 militares sancionados por la comunidad internacional, desde 2008 hasta 2020, están señalados en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en Venezuela.
Este es uno de los hallazgos del informe “Militares sancionados por la comunicación internacional”, de Control Ciudadano, difundido este martes 8 de diciembre.
Los militares referidos en la experticia de las Naciones Unidas son el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), almirante Remigio Ceballos Ichaso, el ministro de Energía Eléctrica, general en jefe Néstor Reverol Torres, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general en jefe Gustavo González López; el mayor general José Adelino Ornela Ferreira, el mayor general Carlos Pérez Ampueda; los generales de brigada Rafael Blanco Marrero; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, y Rafael Antonio Franco Quintero; así como el coronel Hannover Guerrero Mijares, y los tenientes coroneles Alexander Granko Arteaga y Rafael Bastardo Quintero.
En el informe de la Misión de la ONU, del 15 de septiembre de 2020, se registran casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y torturas, desde 2014 hasta 2020. En ese informe se establece que las violaciones y los crímenes documentados generan responsabilidad penal individual y que las violaciones y los crímenes documentados pueden ser calificados como crímenes de lesa según el Estatuto de Roma, puntualiza Control Ciudadano.
Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, señaló que “el mensaje más poderoso que puede dársele a los militares a partir de este trabajo, es que las sanciones son reversibles, pero los casos ante la Corte Penal Internacional una vez iniciados, no lo son. Venezuela debe empezar a encontrar espacios para la verdad, el dialogo, la reinstitucionalización, la justicia transicional el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
En el informe se reporta que de los 52 militares sancionados, en los últimos 12 años, 24 provienen del Ejército. De este grupo, 15 pertenecen a la reserva activa y nueve son activos. Le sigue la Guardia Nacional (GN) con 23 (15 oficiales activos y 0cho de la reserva activa); en la Armada, han sido sancionados tres militares de la reserva activa y uno activo; mientras que en la Aviación, el único sancionado es el teniente coronel Luis Reyes, exgobernador de Lara y quien está en la reserva activa.
De los militares sancionados por la comunidad internacional figuran seis ministros del gobierno de Nicolás Maduro: Defensa (general en Jefe Vladimir Padrino López), Energía Eléctrica (general en jefe Néstor Reverol Torres), Interiores y Justicia (almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez), Alimentación (mayor general Carlos Augusto Leal Tellería); ministro de Estado para la Frontera (mayor general Gerardo José Izquierdo Torres) y Despacho de la Presidencia (general Jorge Elieser Márquez Monsalve).
De acuerdo la investigación, Estados Unidos engloba el mayor número de sanciones emitidas contra funcionarios de Venezuela: 132 de las cuales, 48 son efectivos militares. “A estos deben agregarse nueve efectivos militares, quienes se encuentran señalados por razones distintas a la orden ejecutiva de 2014, a quienes se les han imputado varios delitos (narcotráfico, vinculación con las FARC, corrupción desmedida, y violaciones a la Ley de Control de Exportación de Armas)”, señala Control Ciudadano.
Control Ciudadano destaca que solo se han adelantado, en Venezuela, investigaciones contra tres de los efectivos militares sancionados por la comunidad internacional. Se trata de la sargento técnico de la Armada, Claudia Patricia Díaz Guillén y el capitán (Ej) Adrián José Velásquez Figueroa, quienes fueron solicitados en extradición a España; y el caso del general de división Eustoquio José Lugo Gómez. Este último, según el informe, habría sido detenido, a principios de 2020, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Los otros países que han puesto atención sobre la actuación de los militares venezolanos son Canadá, Panamá, la Unión Europea y Suiza. El único militar al que se le han revocado las sanciones es el mayor general Manuel Christopher Figuera, exdirector del Sebin.
