CARACAS – Un informe de la secretaría de la OEA criticó este miércoles la inexplicable “lentitud” del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro se siente “envalentonado” y esto fomenta la “impunidad”.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron este miércoles 2 de diciembre un informe, titulado “Fomentando la impunidad: El impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, en el cual se ratifica que existen razones para determinar que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2014.
En este documento, de 153 páginas, la OEA también asegura que la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, se ha demorado para completar su examen preliminar sobre Venezuela; acción que esta organización condena; “resulta inexplicable la demora de la Sra. Bensouda para simplemente iniciar una investigación oficial sobre esos crímenes”, reza el texto.
Asimismo, la OEA sostiene que no se le está solicitando a Bensouda que presente conclusiones sobre denuncias concretas de crímenes de lesa humanidad ni que presente cargos específicos contra los presuntos responsables, sino que simplemente decida, al término de casi tres años de duración, “si dispone de toda la información necesaria para hacer una determinación plenamente informada sobre su hay fundamento razonable para iniciar una investigación”.
El documento reciente señala que, desde su informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad; al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con escasez de alimentos y medicinas.
Este informe detalla que desde 2014 se han cometido 18.093 ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos. También identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad. Igualmente, reconoce que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la crisis humanitaria creada por el gobierno chavista.
La Organización de Estados Americanos reseña 724 casos de desaparición forzada entre 2018 y 2019; 653 casos documentados de tortura; también se señala que “la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen; incluso como método de tortura”.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.
“Nuestro informe da vida al extraordinario sufrimiento del pueblo de Venezuela, infligido por Nicolás Maduro y su régimen. La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger. “Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos”, agregó.
La OEA recomienda a la Corte Penal Internacional “proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación de Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en su ‘Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
