CARACAS – El abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, denunció este miércoles que el retardo procesal se ha convertido en algo habitual en los juicios a presos políticos militares en Venezuela e indicó que duran hasta 750 días sin impartir justicia a efectivos detenidos.
“Hoy denunciamos con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares, lo cual ha venido denunciando nuestra organización, desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa del COVID-19, y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados”, explicó Mustiola según nota de prensa.
Destacó que todo proceso judicial debe ser breve según el artículo 257 de la Constitución y las leyes procesales en curso. “En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal”.
Señaló que los principios y garantías que conforman el proceso penal venezolano, contenidos en los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal, establece el principio de concentración. Detalló que este señala que “…Iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles…”.
En relación a este principio que, según sumó, se desarrolla en distintos contextos a lo largo del Código Orgánico Procesal Penal, enfatizó que está siendo violado reiteradamente por los organismos que se encargan de la justicia del país.
“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación Vuelvan Caras, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público”.
Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio, agregó.
En ese sentido, el defensor de derechos humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su origen en la pandemia.
No obstante, la paralización de la justicia penal a causa de la emergencia sanitaria ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que hoy permanecen encarcelados.
