CARACAS – Este martes, la Asamblea Nacional (AN) desconoció “La Ley Antibloqueo” creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para enfrentar las sanciones de Estados Unidos. La tildó como “inexistente e ineficaz” para el país. Además, destacó que viola la Constitución.
Aseguró que el estatuto crea un marco sin controles jurídicos y politicos para Maduro; es por ello que reveló que investigará y establecerá responsabilidades civiles y penales a los involucrados que promulguen y apliquen esta ley en Venezuela.
El Parlamento aprobó un acuerdo que establece que cualquier persona que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento fáctico podría estar incurso en delitos de lesa patria; asociación ilícita para delinquir; aprovechamiento de bienes provenientes del delito; peculado de uso y doloso; aprovechamiento indebido de bienes públicos, entre otros.
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, Alfonzo Marquina, insistió que el “régimen” con esta legislación pretende disfrazar que protege los derechos humanos de los venezolanos, cuando los ha “violado sistemáticamente” por sus propios méritos.
“Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314”, expresó Marquina.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recordó que el único órgano legítimo del país es la AN, por ende la ley es inconstitucional. Totalizó que son nueve artículos de la carta magna que se vulneran. Estos son: 202, 58,131, 150, 301, 302, 312, 314 y 334.
Aseveró que el único objetivo de esa lesgilación es disponer “de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto, para beneficiar a testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela”.
El parlamentario, Simón Calzadilla, aclaró que la legislación no tiene la palabra “antibloqueo” debido a que el término es sustituido por “medidas coercitivas, unilaterales y otros medidas restrictivas o punitivas”. Explicó que los juristas que crearon el adefesio jurídico, admitieron que Maduro sí está sancionado y que el país no está bloqueado.
De igual forma, el diputado, Luis Stefanelli, pidió declarar “nula de toda nulidad el acto jurídico”, que se desprenda de la aplicación del instrumento. También, sugirió dejar en claro que la República Venezuela, no se hará responsable de los daños que puedan ocasionarse en la aplicacion de esa ley. En su opinión, la legislación generará un gravísimo estado de indefensión a los ciudadanos e instituciones del Estado.
