CARACAS – Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), calificó este miércoles como “buena noticia” la extensión del mandato por dos años a la Misión de Verificación Independiente del Consejo de DDHH para que siga investigando lo que ocurre en Venezuela.
Resaltó que esa medida, al igual que continuar la cooperación con la ONU, acerca a las víctimas a obtener justicia, al igual que manifestó que en esa sesión en Ginebra se evidenció una “batalla diplomática” donde el gobierno de Maduro intentaba convencer a la comunidad internacional que podía tomar decisiones autónomas para mejorar la situación, por lo que impulsa la primera medida del acuerdo de trabajo con la ONU.
A su juicio, la discusión de la segunda resolución “tiene un espíritu absolutamente diferente” porque se dice que el Estado venezolano “de manera reiterada” los DDHH de la población y por eso, la comunidad internacional debe mantener e intensificar la presión, por lo que deciden prorrogar el trabajo de la alta comisionada de Derechos de la ONU, Michelle Bachelet, así como la misión independiente.
Enfatizó en que la comunidad internacional positivamente acompaña la situación venezolana porque activa los mecanismos y “cada vez es más caro para los países aliados del gobierno venezolano mostrar su apoyo de manera pública”.
El coordinador general de Provea afirmó que el gobierno chavista está obligado a permitir la entrada de la misión independiente de la ONU al país porque la mayoría de los mecanismos internacionales de protección de los DDHH se basan en la buena fe para cumplir sus compromisos. Por ello, detalló que cuando el tiempo se agota -como pasa con Venezuela- se abren estas posibilidades de iniciar acciones penales individuales.
Expresó que la solicitud es clara y debe permitir el ingreso de dicha misión, así como cooperar con los mecanismos internacionales de forma transparentes. “Si eso no ocurre, va a haber consecuencias y la consecuencia va a ser mayores intensificaciones en estos mecanismos de presión”, que a pesar de no ser rápidos, cuando se activan comienzan a generar “resultados contundentes”, dijo.
A su juicio, el informe representa “un insumo importante” para la Corte Penal Internacional que permitan avanzar en el estatus de examen preliminar a una fase de “investigación formal” y cree que se está cerca de alcanzar esa etapa.
Uzcátegui explicó que tanto la oficina del Alto Comisionado de DDHH como la misión independiente de la ONU representan “el policía bueno y el policía malo”, figuras que según su opinión se necesitan y que además se incorporen más organismos para inspeccionar lo que ocurre en Venezuela, gracias a que desde el Ejecutivo no existe voluntad para mejorar la situación y por la presión es que estarían tomando alguna acción.
Admitió que existe una lentitud de reacción de la comunidad internacional ante situaciones contra los DDHH pero destacó que se ha hecho mucho avance en los casos.
