CARACAS – El mandatario venezolano Nicolás Maduro, habló este miércoles con la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de esta materia en el país, luego de que su administración haya sido señalada como responsable por crímenes de lesa humanidad.
El 25 de septiembre, la alta comisionada de la ONU presentó la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra.
En el hizo referencia a los recientes indultos, las protestas, la libertad de expresión, las FAES, la pandemia, las sanciones, las acciones del TSJ y el clima político electoral del país.
Por su parte el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter de la “fructífera reunión de trabajo” entre Maduro y Bachelet, que se llevó a cabo de manera telemática este miércoles.
“Avanzamos en la cooperación con su oficina en Ginebra y su equipo en Venezuela. Un diálogo constructivo, respetuoso por la garantía de los derechos humanos de nuestro pueblo”, dijo.
Arreaza dijo que Maduro explicó a Bachelet “la importancia del informe” gubernamental sobre derechos humanos que fue presentado este mes en respuesta a otra documentación crítica que fue hecha por una Misión Internacional a instancias de la ONU y respaldada posteriormente por la Alta Comisionada.
“El Gobierno bolivariano sigue activo en todos los espacios de la ONU, en defensa del multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la paz”, agregó el canciller.
Desestiman informe
De acuerdo a la investigación internacional para determinación de los hechos que ya fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se determinó que son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
El chavismo ha desestimado este informe al subrayar que se trata de un trabajo de expertos contratados por la ONU que no visitaron Venezuela ni tuvieron en cuenta la información al respecto que manejan las instituciones de la nación.
Bachelet, también expresó la semana pasada ante el mismo Consejo su preocupación por las parlamentarias que Venezuela celebrará el 6 de diciembre, y denunció obstrucciones a los partidos opositores en su participación.
En su informe, actualizado se denuncia “el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones de seguridad” y da cuenta de más de 2.000 asesinatos de este tipo en lo que va de año, 711 de ellos entre junio y agosto.
Bachelet recomendó al Ejecutivo venezolano la disolución del grupo policial Fuerza de Acciones Especiales (FAES) por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales, un requerimiento que Maduro ha hecho caso omiso.
Bachelet reconoció que el pasado 14 de septiembre “la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con su Oficina. “Seguiremos brindando asistencia técnica al Gobierno”, dijo la Alta Comisionada.
Igualmente informó que su Oficina “siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”. En referencia a los casos de dos manifestantes muertos en Anzoátegui y Zulia, presuntamente por la acción de las fuerzas de seguridad.
