Organizaciones denuncian al mundo tratos inhumanos a manifestantes

CARACAS – La fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) pidió al Ministerio Público sancionar a los funcionarios del Estado  responsables de los tratos inhumanos y degradantes realizados contra los manifestantes pacíficos de los últimos días, quienes protestaban por la falta de servicios básicos y combustible.

El director de la ONG, Alcides Magallanes, acusó a policías y militares del uso de la fuerza en las protestas ocurridas el lunes en los estados Sucre y Nueva Esparta.

Alertó que los funcionarios del régimen siguen sumando crímenes de lesa humanidad, sin considerar el llamado que hizo la ONU a través de su informe, y con los ataques contra el pueblo pretenden callar a quienes exigen respetos a sus derechos humanos.

Magallanes afirmó que según el Observatorio de la Fundación de los Derechos Humanos, 25 personas fueron detenidas arbitrariamente en Nueva Esparta y 10 resultaron heridas en Carúpano cuando protestaban por la falta de gas y gasolina.

Recordó que la ONU recomendó a los cuerpos de seguridad del Estado actuar con sensatez durante las manifestaciones, minimizando la discriminación, los atropellos y privación arbitraria de la libertad.

Aseguró que presentarán los casos ante los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

Represión del régimen

Por su parte, Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social también exigieron la liberación de los detenidos y denunciaron ante el mundo la política de represión implementada por el régimen de Nicolás Maduro.

Señalaron que la mayoría de las protestas pacíficas se han dado en poblaciones pequeñas, pues en el interior del país donde se han acrecentado las fallas en los servicios públicos y donde la crisis se percibe más que en las capitales.

Toda esta situación ha empeorado la calidad de vida de los venezolanos, quien deben sobrevivir a las penurias que generan la falta de agua, gas doméstico, electricidad, gasolina y transporte público, mientras que las autoridades regionales del gobierno en vez de ayudar al pueblo, lo ataca con represión.

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