CARACAS – La presidenta de la misión independiente d la ONU, Marta Valiñas. Presentó hoy ante el Consejo de la organización, el informe de determinación dado a conocer la semana pasada, el cual investigó 4.600 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y 3.479 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.
Al sintetizar su presentación, Valiñas aseguró que concluyen que graves violaciones de los derechos humanos ocurrieron en Venezuela llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia y civiles y militares.
El documento que incluye crímenes cometidos desde 2014, comprende también tortura, otros tratos crueles, desapariciones forzadas y violencia sexual contra de personas que manifiestan su desacuerdo contra el Gobierno.
Alertó que las violaciones fueron realizadas como “parte de una línea de conducta generalizada, sistemática y de conformidad con políticas de Estado, por lo que la misión integrada por el chileno Francisco Cox, el británico Paul Seils y la portugués a Valiñas, reitera que “si constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Dijo que a pesar de la independencia e imparcialidad de su investigación el régimen de Maduro no les permitió hacer el trabajo “in situ”, así como tampoco le colaboraron atendiendo sus intentos de contactos.
Detrás del informe
Por su parte el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, aseguró Estados Unidos y los países del Grupo de Lima están detrás del informe presentado este miércoles por la Misión Internacional.
Aseguró que la Oficina de la ONU para los DDHH encargada de organizar esta misión, “ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios”,
Dijo durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos que “la CIA y otros órganos del gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente, utilizando a las ONGs que han convertido a los derechos humanos en un negocio rentable”.
Acusó al Grupo de Lima de armar todo una tramoya política con el informe y señaló que la Oficina que dirige la alta comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet debe decidir si continúa su cooperación con el Gobierno de Maduro o mantiene “una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto” que el Grupo de Lima está saboteando.
Valero aseguró que Venezuela ha imputado a 565 funcionaros de seguridad por violaciones de derechos humanos, de los cuales 447 siguen presis y 127 ya han recibido condenas.
