CARACAS – Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes en un informe la violación de los derechos humanos de miles de personas encerradas en centros de cuarentena obligatoria por parte de sus gobiernos debido a la pandemia de Covid-19 en Venezuela, El Salvador y Paraguay.
Según el documento, titulado “Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante Covid-19 en las Américas”, la organización documentó al menos 90.000 arrestos en Venezuela, 16.000 en El Salvador y 8.000 en Paraguay.
“Esta investigación se basa en el número de denuncias que recibimos de estos países por la implementación de políticas de confinamiento forzado que se convirtieron en medidas punitivas”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.
De acuerdo a la organización, muchos de los enviados a centros de confinamiento en Venezuela son ciudadanos deportados desde Colombia y Perú, mientras que en Paraguay son personas que volvieron a su país tras perder el trabajo en Brasil por la pandemia.
Amnistía Internacional, afirma que ha tenido acceso a varios vídeos de los centros de cuarentena los cuales califica de “instalaciones improvisadas” en almacenes o estadios deportivos que no cuentan con condiciones de salubridad, ni de insumos y donde los retenidos no reciben atención médica.
“Hay gente que ha pasado más de 30 días encerrada cuando la propia regulación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que el confinamiento no tendría que pasar los 15 días”, señaló Guevara.
Advirtió que en estos centros se ha mezclado a sospechosos de Covid-19 con personas que no lo eran, por lo que los retenidos “corren el riesgo de contagiarse”.
Explicó que los Gobiernos tienen derecho a limitar la circulación de los ciudadanos para afrontar la crisis del Covid-19, y evitar la propagación pero destacó que “en estos tres países podríamos hablar de detenciones arbitrarias porque en muchos casos la gente no fue informada ni de por qué estaba siendo detenida”.
Asimismo señaló lo polémico del papel de las fuerzas de seguridad, puesto que se han documentado “abusos” y “malos tratos” de policías durante los arrestos. Por parte de los defensores de los derechos Humanos tanto del país como de organismos internacionales.
De este modo, Amnistía Internacional aboga por confinamientos que tengan en cuenta a los millones de pobres y trabajadores de la economía informal que necesitan trabajar o salir de sus casas para subsistir debido a la precaria condición en que se encuentran.
