CARACAS – El Gobierno de Nicolás Maduro anunció este martes unas condiciones de oferta de renegociación de la deuda de la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas, con la que busca suspender las demandas contra en el Estado venezolano por la deuda vencida y no pagada desde el año 2017.
La propuesta del gobierno es que quienes no acepten las clausulas, pierden todo el derecho a reclamar los pagos en mora, es decir que considera que su incumplimiento no tener consecuencias, pero debe recordarse que toda deuda, bien sea de la República o privadas, tienen un aspecto jurídico y un aspecto financiero.
César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados explicó que con un nivel de reservas internacionales de $ 6.300 millones, una economía con una contracción de su Producto Interno Bruta (PIB) de 75% en los últimos 5 años y una caída de la producción petrolera, el Gobierno venezolano tiene poco que ofrecer en este refinaciamiento a sus acreedores.
Recordó que la renegociación implica un aspecto legal que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, dado que es el organismo que es reconocido por la comunidad internacional.
Jugada audaz
Por su parte el economista, Alejandro Grisanti, afirmó a través de su Twitter que el anuncio de la oferta condicionada “fue una jugada audaz, a pesar de no tener posibilidad de éxito, busca su reconocimiento en las cortes de Nueva York y en los mercados financieros internacionales”.
Según publicó Descifrado, Grisanti indicó que “los regímenes de Nicolás Maduro y Hugo Chávez nos dejaron un legado de $150.000 millones en diferentes acreencias que Venezuela no va a estar en capacidad de pagar. De estas acreencias $65.000 millones son deuda con bonos bajo la ley del estado de Nueva York, EEUU”.
Dijo que Maduro anunció el default de la deuda en noviembre de 2017, pero los mercados financieros internacionales le cerraron el financiamiento antes de las sanciones, por lo que las mismas no fueron las que llevaron al default de la deuda.
Destacó que las condiciones para interrumpir el plazo de la prescripción son muy difíciles de cumplir y todos los bonos relevantes están bajo la ley del estado de Nueva York, estado que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
¿y los fondos?
El diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, manifestó como absurdo que un régimen usurpador, irresponsable y corrupto plantee una reestructuración de deuda sin presentar un programa viable que permita la generación de los fondos necesarios para bonos de la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas.
Asimismo, el economista Leonardo Vera considera que el anuncio es incompleto pues no hay detalles sobre la oferta de pago a los acreedores y ni la Electricidad de Caracas ni Pdvsa están en capacidad financiera para poder negociar un eventual acuerdo.
Por lo que el gobierno de Maduro carece de facultad legal, según la ley de New York para modificar la deuda, a pesar que la oferta condicionada plantea a los tenedores de bono, que le régimen tratará de conseguir las licencias con las autoridades de EEUU para llevar a cabo las reestructuración, algo ilógico dadas las relaciones de Nicolás Maduro con el gobierno norteamericano y poco probable que lleve a verdadera solución.
