CARACAS – La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) indicó que ante las actuales circunstancias no existen garantías para el regreso a clases en las casas de estudios del país.
Manifestó que se necesitan condiciones mínimas para poder ejercer la profesión como lo son: aumento del salario y definido en dólares; cobertura de costos de tratamientos y atención hospitalaria y médica y restitución de un sistema de salud que corresponda con el gasto real en el país.
Asimismo, establecer un diálogo social para negociar entre universidades y asociaciones para producir acuerdos acerca de las nuevas condiciones de trabajo; calcular y pagar deudas por distintos conceptos a los docentes.
En relación a la educación a distancia, el gremio exige que cada profesor deber recibir la canasta básica de tecnologías propuesta por la CEPAL integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados.
Recordó que entre un 15 y un 20% de profesores universitarios de la región central, y alrededor de un 50% en los estados fronterizos, no tienen acceso a internet, dado que CANTV no llega a todos los hogares y no disponen de recursos para contratar con proveedores privados del servicio.
“Para proteger la vida de estudiantes y profesores, empleados y obreros, solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la Covid-19”, afirmó la Fapuv.
Por su parte, la Federación de Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (Fenasipruv) rechazaron la reincorporación del personal administrativo de las universidades en medio de la cuarentena.
Declararon ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) que el gobernante, Nicolás Maduro continúa violando sus derechos con “sueldos de hambre, condiciones precarias y la falta de dotación de equipos de protección”
