CARACAS – El gobierno venezolano suspendió hasta marzo de 2021 el cobro de alquileres de viviendas e inmuebles de uso comercial, según la Gaceta Oficial N° 41.956 que publica el Decreto N° 11 de estado de alarma nacional.
El anunció sorprendió al sector inmobiliario, pues se esperaba que la medida de apoyo como consecuencia del estado de emergencia por la pandemia era hasta enero de 2021, según había informado el gobierno el 26 de agosto.
Francisco López Domíguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela indicó en abril pasado que muchos arrendadores dependían de los ingresos por arrendamiento, por lo que para proteger a ambas partes, lo mejor era mantener el pago de las obligaciones o asumir un porcentaje y acordar el lapso en el cual se pagarán las cuotas suspendidas
Asimismo, la Cámara Inmobiliaria había propuesto un esquema de pago considerando una negociación entre arrendadores e inquilinos, pues ambos están afectados por las consecuencias económicas del Covid-18.
Sin embargo la nueva normativa determina la suspensión del cobro de cánones por 6 meses contados a partir del 2 de septiembre y aclara que ese lapso no se exigirá al arrendatario pago alguno, así como tampoco los cánones vencidos ni otros conceptos acordados en los contratos de arrendamiento.
Igualmente, durante 6 meses se suspende la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, así como los desalojos de arrendamiento comercial por falta de pago.
Acuerdos mediados
Uno de los artículos del decreto estima la posibilidad de acuerdos con la mediación del gobierno, sin embargo, es poco preciso lo que comprende y delega el tema a la Vicepresidencia de Economía.
Finalmente, el documento indica que una vez que cese la suspensión de cánones, las partes del contratos podrán acordar términos especiales de la relación arrendaticia que señala el Decreto y fijar una reestructuración de pagos, al tiemp0o que se advierte que no podrá obligarse al arrendatario a pagar el monto íntegro acumulado de manera inmediata luego de eliminada la suspensión.
De no llegar a acuerdos sobre la reestructuración de pagos, los casos se someterán a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) si son inmuebles usados como vivienda principal, y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en caso de inmuebles comerciales, para solucionar en conflictos y llegar a un acuerdo definitivo.
Inquilinos buenos y malos
López aunque ve como positiva la decisión del gobierno de dejar en manos de las partes el acuerdo sobre el pago de los alquileres, advirtió que hay un 5% operando que no quieren pagar alquiler.
Dijo que todo negocio que esté abierto dentro del plan de flexibilización, está obligado a pagar el alquiler “si no está abierto te puedes acoger a la norma de exoneración, desde el día 15 de marzo no desde 2 de septiembre”.
Explicó para Unión Radio que hay una confusión con la caducidad de la suspensión de pagos de alquileres, pues el decreto original decía que el 2 de septiembre tenían que sentarse arrendador y arrendatario a negociar cómo se iban a pagar esos meses pasados, pero en su lugar el gobierno decidió prorrogar la medida por 6 meses más.
Finalmente cuestionó la suspensión de los desalojos y manifestó hay que evaluar casa caso, pues hay arrendatarios buenos y malos”.
