CARACAS – Un sobrino de Cilia Flores, la esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro, apeló ante la Corte Suprema de EEUU una sentencia de 18 años en prisión por asociación delictuosa para contrabandear 800 kilogramos de cocaína hacia ese país.
Francisco Flores y su primo, Efraín Campo, fueron declarados culpables en 2016 en un caso con gran importancia política que examina a detalle las acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico en las más altas esferas del gobierno socialista de Maduro. En marzo, los fiscales acusaron formalmente al mandatario venezolano de encabezar una conspiración “narcoterrorista” que colmó a EEUU con 250 toneladas de cocaína al año.
En una petición publicada el martes en el registro de sumarios de la Corte Suprema, los abogados de Flores argumentaron que un juez federal de Manhattan engañó al jurado al decirle que los acusados debían saber que el destino final de la cocaína era EEUU, un requerimiento para una condena de acuerdo a las leyes norteamericanas.
Según la moción, en ningún momento se puede escuchar en las conversaciones que fueron grabadas que los dos hombres siquiera preguntaran sobre el destino final del cargamento que negociaban rumbo a Honduras con informantes que trabajaban bajo la supervisión de la DEA.
Cuando los informantes incluyeron en 13 instancias grabadas referencias generales sobre el tráfico de drogas en EEUU, los señalados permanecieron en silencio o dieron respuestas ambiguas o inaudibles, de acuerdo con la solicitud.
“La única evidencia citada respecto a la supuesta y deliberada evasión de conocimiento de Flores fue que él y Campo permanecieron en silencio — por ejemplo, no buscaron confirmación o aclaración — cuando los informantes de la DEA hicieron sus múltiples insinuaciones“, de acuerdo la petición, que fue preparada por Sidley, un despacho jurídico de Nueva York.
Cabe destacar, que la DEA detuvo a Campo y a Flores en Haití en 2015 y los trasladaron a Nueva York para su juicio. Fueron atraídos a la isla caribeña con la promesa de recibir un anticipo de 11 millones de dólares de parte de un narcotraficante en silla de ruedas que conocieron en Honduras y conocido como “El Sentado”, y de quien desconocían que fuera un informante de la DEA.
Luego se llevó a cabo una reunión en Caracas, en el que se presentaron muestras del producto. No obstante, no se incautaron drogas al momento de su detención en un restaurante cercano al aeropuerto de Puerto Príncipe después de llegar a la capital haitiana en un avión privado procedente de Venezuela.
Los abogados de los acusados argumentaron en su juicio que las drogas no cambiaron de manos y que los hombres no tenían intención alguna de traficar con las mismas. El testigo principal de la fiscalía, José Santos Peña, era un informante de la DEA del que después se supo que mintió a sus supervisores.
No hay conocimiento preciso de quién cubre los gastos legales de Flores. Michael Levy, un abogado de Austin, se negó a comentar. Pero en su juicio ante un tribunal menor, su equipo legal fue financiado por Wilmer Ruperti, un magnate naviero venezolano allegado a Maduro.
Cilia Flores, la primera dama venezolana, a quien Maduro se refiere como la “primera combatiente”, es una de las integrantes más influyentes del gobierno oficialista de Venezuela y constantemente se le ve al lado de su esposo en apariciones públicas. Hábilmente ninguno de los dos ha hecho comentarios sobre la condena de sus familiares en EEUU.
