CARACAS – El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), realizaron una investigación que refleja que los venezolanos son vulnerables al trabajo forzoso, refiriéndose al trabajo o servicio exigido bajo la amenaza de una pena y para el cual la persona no se ofrece voluntariamente.
Según la investigación la precariedad del empleo, los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo colocan al trabajador venezolano en niveles muy inferiores a la canasta básica necesaria para acceder a condiciones dignas de vida. “Esta situación configura un escenario en el que comienza a hablarse de la presencia de trabajo forzoso o trabajo esclavo”.
Venezuela registra una de las mayores migraciones del planeta según ACNUR y para 2019 contabilizó más de 4,7 millones personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo a partir de 2015 por razones políticas, sociales y económicas.
Muchos de los venezolanos migrantes no cuentan con documentación o permisos para permanecer legales en muchas naciones, motivos por el cual carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos.
En consecuencia, deben desarrollar actividades laborales en condiciones de ilegalidad, y muchas veces son explotados y se les vulneran sus derechos, así como otras veces se les incumplen sus pagos, son empleados como servidumbre e inclusive son explotados sexualmente.
Violencia, castigo y muerte
Pero no sólo los emigran están en condiciones de trabajo forzoso, pues hay trabajadores nacionales, como los que laboran en el Arco Minero del Orinoco, a quienes tratan con violencia, reciben castigos, les pegan, amputas las manos y hasta los asesinan, dejando un saldo de 149 muertes desde 2016, reveló el informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Hay además poblaciones vulnerables, como los indígenas, las mujeres, niños y adolescentes en situación de calle, así como los presos en las cárceles venezolanas.
La Comisión de Expertos de la OIT en materia de Trabajo Forzoso en Venezuela ha reiterado al gobierno de Venezuela cerciorarse que ninguna persona que exprese u oponga al orden político, social o económico establecido, o participe en una huelga, debe ser condenada a una pena de prisión en la que se le imponga un trabajo obligatorio, tomando en cuenta la resolución N° 9855 del 19 de julio de 2016, mediante la cual el Estado venezolano estableció un sistema de trabajo de transición obligatorio para todas las entidades laborales, permitiéndole al gobierno disponer de los trabajadores hacia actividades del sector agroalimentario y el campo que requiera apoyo para incrementar la producción.
Según cifras de la OIT, 90% de los casos de trabajo forzoso corresponden a trabajadores que son explotados en la economía privada, mientras que en la economía informal se incluyen niños que son obligados a trabajar bajo dominación y sometimiento de asociaciones ilícitas.
