CARACAS – Un grupo de eurodiputados solicitaron este lunes, al Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, la liberación del parlamentario venezolano Gilber Caro.
El portavoz de derechos humanos del Grupo PPE del Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, junto a otros eurodiputados enviaron una carta a Borrell en la que indicaron que Caro fue detenido en diciembre pasado basándose en “acusaciones falsas” de traición a la patria realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que autorizó la violación de su inmunidad parlamentaria, pese a que este derecho está recogido en el artículo 200 de la Constitución venezolana.
Igualmente, el texto menciona las declaraciones de la hermana de Caro, quien informó del deterioro que está sufriendo debido a la “tortura” a la que se le somete, que incluye “falta de alimentos y agua”.
López Gil explicó que la abogada del parlamentario ha solicitado que se estudien las condiciones de reclusión que está sufriendo Caro en la comandancia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) donde está detenido, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta a tal petición.
Tratos crueles e inhumanos
El abogado Roberto Marrero está “aislado y sometido a tratos crueles y degradantes”, afirmó la Asamblea Nacional, al además alertar que se encuentra preso en el centro de detenciones El Helicoide, del Sebin, “de manera ilegal, con su salud cada vez más afectada”
El abogado y político venezolano Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, cumplió 500 días en prisión sometido a “tratos crueles y degradantes” y bajo un arresto “arbitrario”, denunció este domingo 2 de agosto la Asamblea Nacional (AN).
“Marrero está aislado y sometido a tratos crueles y degradantes”, aseguró la AN, que además de alertar acerca de que se encuentra preso en el centro de detenciones El Helicoide, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), “de manera ilegal”.
Marrero fue arrestado el 21 de marzo de 2019 por el Sebin, durante un registro a su vivienda y está acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro, de liderar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear “caos”.
La Asamblea Nacional destacó que, desde la detención del político, “se ha registrado una larga lista de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos” que comenzaron el mismo día de su arresto, cuando “funcionarios de Maduro irrumpieron en su casa y destrozaron todo lo que encontraron a su paso”.
Recordaron que la jueza del caso fue destituida, “lo que causó la suspensión de las audiencias de manera indefinida” y ha puesto al jefe de despacho de Guaidó en un “limbo jurídico”.
El Parlamento dijo que también se cumplen cuatro meses de la detención de Demóstenes Quijada, asesor de Guaidó, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuyos funcionarios “entraron a su casa durante un ilegal allanamiento, en la supuesta búsqueda de alguien con COVID-19”.
Destaca que el caso de Demóstenes Quijada está repleto de ilegalidades y violaciones al debido proceso. “La orden de allanamiento fue emitida luego de que fue realizado y su defensa legal no ha podido acceder a su expediente”.
Finalmente, aseveraron que “se encuentra secuestrado en la Dgcim” y “desde hace cuatro meses nadie ha podido verlo, ni asegurarse de su estado y si es sometido a tratos crueles e inhumanos”.
