CARACAS – En Venezuela las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos continúan, enfatizó este jueves la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aunque también celebró los progresos en la cooperación entre su oficina y las autoridades venezolanas.
En el informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet denunció las detenciones arbitrarias de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por la deficiencia de los servicios públicos.
Asimismo, “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”, señaló la alta comisionada, quien lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada “que resuelva la profunda crisis política”.
Subrayó que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombraron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas, “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
Destacó que la labor de la oficina de su alto comisionado en Venezuela se ha facilitado desde el convenio firmado entre ambas partes en septiembre de 2019, lo que hizo posible recientes visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios del país.
En ese sentido, indicó “la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”.
Con referencia a la crisis venezolana sostuvo que se ha agravado debido al incremento de las “sanciones sectoriales” (en alusión a las medidas coercitivas impuestas por países como Estados Unidos, aunque no nombró a gobiernos concretos) y por la pandemia del coronavirus.
La alta comisionada advirtió que las condiciones de los venezolanos siguen deteriorándose, ya que la calidad y el acceso a los servicios básicos han ido mermando, disminuyendo la calidad de vida de las personas. Igualmente, las deplorables condiciones del sistema de salud público, la falta de combustible, que producto de las sanciones contra las empresas estatales venezolanas han agravado el suministro del mismo, impactó en la distribución de alimentos y el difícil acceso a centros de salud.
La población venezolana “sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos”, agregó.
Embajador critica informe
El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, reprochó el informe actualizado sobre la situación de Venezuela que presentó este jueves la alta comisionada, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos.
Valero respondió que el informe “incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas”.
“Excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición”, añadió.
El embajador sancionó la reciente decisión de la Unión Europea de sancionar a 11 diputados de la Asamblea Nacional venezolana por intentar tomar el control del órgano legislativo el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo al líder opositor Juan Guaido.
“La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las elites dominantes del Viejo Continente”, afirmó.
Finalmente expresó “Sorprende la flagrante subordinación de la UE a la Administración de Donald Trump”.
