El gobierno de España, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, decidió suspender los contratos de venta y asesoría en materia de armamentos con el ejecutivo venezolano, usando como argumentos la “inestabilidad interna del país y la falta de reconocimiento, por parte del gobierno español, de las autoridades receptoras de los productos”.
Sin embargo, las ventas españolas de armas a Venezuela ya venían en declive. Según la memoria de la Secretaría de Comercio, correspondiente a 2019, las exportaciones a Caracas de repuestos y partes de unidades de blindados ascendieron a 3.084 euros, unos 3.500 dólares, apenas una ínfima fracción de los 4.571 millones de dólares que facturó la industria militar hispana en el exterior, al cierre del año pasado.
De acuerdo con la nota de El País, la administración Sanchez «denegó la ampliación del contrato de modernización de los carros de combate de origen francés del Ejército venezolano que, por 20 millones de euros (US$22.615.200), tenía una empresa española. Además, suspendió las cuatro licencias de exportación que estaban vigentes a principios de 2019 (sistemas electro-ópticos, mantenimiento de helicópteros y piezas de avionetas).
Alude, con esta fórmula, al reconocimiento por España del presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país.
