CARACAS – El fiscal Tarek William Saab, acudió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar al Poder Judicial que se determine si Voluntad Popular, al que pertenece el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente (E) de Venezuela, es un partido político o una organización terrorista.
Saab introdujo un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del TSJ, donde solicita una aclaratoria de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, después de considerar que la tolda naranja tiene una “historia criminal” y por consecuencia “debe ser disuelta” y sancionada.
Mencionó que Voluntad Popular fue aceptada formalmente por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2011, proveniente de un movimiento fundado por el líder político Leopoldo López. Denunció también que algunos de sus integrantes apoyaron el golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez en 2002.
Señaló que ese partido participó en las elecciones de 2012, que fueron ganadas por Chávez. Igualmente estuvo presente en los comicios de 2013, cuando Nicolás Maduro ganó, año en el que a su juicio inició una inclinación a la violencia “hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado”, haciendo fuerza en “La Salida” y originó las protestas de 2014 con más de 40 fallecidos y que finalizó con la entrega voluntaria de López a las autoridades.
Subrayó que esas prácticas volvieron a suceder en 2017, cuando se generaron nuevas manifestaciones contra el gobierno de Maduro y donde más de 140 personas murieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados.
Afirmó que el 23 de enero de 2019 la fuerza política se adelantó a una nueva fase cuando el diputado Juan Guaidó recién designado presidente de la Asamblea Nacional, se “autoproclamó para un cargo que no existe, que no lo establece la Constitución ni alguna Ley Orgánica. A éste sujeto lo eligió un tuit desde los Estados Unidos”.
Acusó a Guaidó y Voluntad Popular, de apropiarse de los activos de la República en el extranjero como Citgo y Monómeros, apoyados por EEUU. Señaló que con el dinero de estas empresas se buscó financiar la llamada Operación Gedeón para sacar a Nicolás Maduro del poder.
“Esta organización, Voluntad Popular, lo que ha buscado en plena pandemia es hacer estallar a Venezuela, ya vimos como promovieron que DirecTV se fuera del país”, expresó.
El terrorista es otro
Primero Justicia, condenó este lunes que el fiscal Tarek William Saab, haya calificado a Voluntad Popular de organización terrorista y aseveró que terrorista es Nicolás Maduro y su gobierno.
“Rechazamos categóricamente la pretensión de la dictadura de Nicolás Maduro expresada por quien hoy usurpa las funciones de Fiscal General de la República, de criminalizar y calificar de organización terrorista al partido político y aliado de lucha en la Unidad Voluntad Popular”, escribió PJ en Twitter.
Advierten que hoy se pone en peligro mucho más evidente el derecho a disentir y a ejercer la política en Venezuela. “Abriéndose un espectro muy peligroso para la libertad y la democracia ya bastante golpeada en el país. Quienes luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela no somos terroristas, terroristas son quienes hoy usurpando el poder han sometido a los venezolanos a vivir en un país sin comida, sin servicios públicos, sin gasolina, sin gas y sin ningún tipo de libertades individuales”.
Señaló que con esta acción, el gobierno chavista confirma su carácter “autoritario”. “Esta acción que se suma a la ya vigente que pesa sobre la ilegalización de todos los partidos políticos democráticos, pretende disolver por medio de la fuerza y la represión a un partido democrático”.
Por su parte, la oposición en pleno, en la voz de diferentes representantes, rechazó este lunes a través de Twitter que la Fiscalía/ANC solicite designar al partido Voluntad Popular como organización terrorista. Consideran que con esto buscan destruir los partidos opositores.
Distintos partidos políticos y sus dirigentes refutaron las palabras del Fiscal, defendiendo su derecho como fuerzas políticas democráticas.
