CARACAS – Este martes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe preliminar de la “visita in loco” que efectuaron a Venezuela durante los primeros meses del año para monitorear la situación de derechos humanos que se vive en el país caribeño.
Cabe recordar, que el ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), intentó ingresar al país entre el 5 al 8 de febrero, no obstante, el gobierno de de Nicolás Maduro impidió su entrada a Venezuela, por lo que tuvieron que cambiar la visita a Colombia y dirigirse a la frontera específicamente en Cúcuta, para poder realizar las entrevistas y recabar la información.
La comisión verificaría la situación en cuanto a los derechos humanos, visitando centros carcelarios, hospitales y mantener reuniones con víctimas de tratos inhumanos.
El grupo estuvo presidido por la Relatora de País para Venezuela, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y por la Relatora sobre los Derechos de los Migrantes, Comisionada Julissa Mantilla Falcón, asimismo contó con la participación de Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); así como el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, y un equipo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Colombia como colaborador
La CIDH agradeció todo el respaldo brindado por el gobierno colombiano para la realización de las labores, y subrayó que Colombia, es el mayor receptor de venezolanos en el mundo con una cifra superior al 1.600.000 migrantes.
“Por tal motivo, la visita tuvo un particular énfasis en la situación de los derechos humanos de las personas forzadas a abandonar su país como resultado de la grave crisis social, política y de derechos humanos en Venezuela”, indica el informe.
Asimismo, la misión lamentó la falta de disposición del Estado venezolano y la ausencia de información oficial para contrastar con la recabada durante la visita.
“La CIDH ha considerado que la profundización de la crisis política y social del país, en el marco de la represión generalizada, ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela”, expresa el comunicado. “Esta situación perjudica la separación y el equilibrio de poderes, y conduce a serias restricciones y limitaciones en el espacio democrático”.
Violaciones
Agregaron que la crisis política, económica y social, ocurre en un contexto de persecución sistemática a la disidencia mediante la militarización de la seguridad pública y “el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones por desabastecimientos de alimentos, la interrupción de servicios públicos y la escasez de insumos básicos”.
Denunciaron el deterioro de en el “goce de los derechos civiles y políticos, en particular, en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos”, a lo que agregaron que todavía continúan las detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y de personas que hacen público su descontento con el gobierno.
Con respecto a la migración de los venezolanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) constató los graves efectos de la crisis humanitaria como factor de desplazamiento de millones de personas en venezolanas.
“El fenómeno migratorio venezolano representa actualmente uno de los más grandes desafíos en materia migratoria y de asilo en la región”, dice el texto.
La misión recomienda
La CIDH reiteró que Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de estado de derecho, por lo que instaron al régimen a “tomar medidas” para revertir esta situación.
Consideraron que la “tiranía” venezolana ha vulnerado sistemáticamente “los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión, especialmente en el contexto de su respuesta a las manifestaciones, protestas sociales y expresiones de disenso que han ocurrido en el país”.
También, observaron que persiste el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de las y los pacientes del Hospital JM de los Ríos y de la Maternidad Concepción Palacios. “Esta situación afecta particularmente a mujeres con cuadros de desnutrición, mujeres embarazadas y neonatas y neonatos, lo cual constituye una violación de sus derechos a la vida y la integridad personal así como a la salud reproductiva”.
La CIDH insiste que la prórroga de la crisis humanitaria y de derechos humanos, aunado al quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela y el cierre del Estado al escrutinio internacional, mantienen en la población venezolana la demanda por el restablecimiento de un sistema que garantice los derechos humanos.
