CARACAS – Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular español y portavoz de derechos humanos del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, solicitó al Alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, que condene la masacre ocurrida el pasado 1 de mayo, en el centro penitenciario de Los Llanos, en Venezuela.
Asimismo pidió que se realice “una investigación imparcial inmediata y fehaciente para que los responsables sean puestos a la orden de la justicia y respondan por sus inhumanos actos”.
A través de una carta dirigida a Borrell, el eurodiputado, señaló que hay evidencias de que el motín que culminó con casi 50 fallecidos y más de 75 heridos, resultó de la protesta de los presos, por la prohibición de recibir comida del exterior a la cárcel, y no por un intento de fuga como han informado las autoridades penitenciarias.
El eurodiputado adjuntó un informe del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de Venezuela, Humberto Prado, en el cual queda documentado que el origen del motín fue esa prohibición.
López Gil subrayó en su misiva, que los presos de Los Llanos “dependen de agua y alimentos que le suministran sus familias, ya que los centros penitenciarios de Venezuela no proveen insumos ni medicinas básicas a los reos”, y que a consecuencia de la pandemia del Covid-19, el gobierno ha prohibido las visitas de sus familiares.
“Este marco factual indica que no se produjo fuga alguna sino un motín previsible por las circunstancias a las que son sometidos los reclusos, sumadas al hacinamiento en las cárceles venezolanas”, enfatizó el eurodiputado, que también recordó que las recomendaciones de Naciones Unidas establecen como inadmisible contener un motín apelando a la fuerza o realizando ejecuciones extrajudiciales.
Políticas fracasadas
Por su parte, el diputado venezolano a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Denncis Pazos, dijo que la masacre ocurrida el pasado fin de semana en el Centro Penitenciario de Los Llanos, Cepella ubicada en el estado Portuguesa, evidencia el fracaso de las políticas carcelarias en el país, de la Ministra para el Servicio Penitenciario Iris Valera.
El parlamentario como miembro de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario indicó que en los próximos días esa instancia presentará un acuerdo sobre la situación integral de las cárceles del país, con el respaldo de las organizaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
“No podemos acostumbrarnos que sea normal que haya 50 muertos presuntamente porque se querían fugar unos reos durante un motín. Eso no ocurre ni en las películas de Hollywood y en ninguna parte. Queremos que haya justicia que no quede impune esta masacre como es costumbre en esta revolución.”, señaló.
Detalló que durante el gobierno de Maduro se han registrado 460 muertos en 19 motines a nivel nacional. “Es decir que en la gestión de la ministra Iris Valera lo que se ha hecho es violentar los derechos humanos de cada uno los ciudadanos que se encuentran privados de su libertad, que deberían salir regenerados de estos centros de reclusión”.
Afirmó que la Asamblea Nacional y el presidente (e) Juan Guaidó seguirán trabajando por un cambio de modelo político y social mediante un Gobierno de Emergencia Nacional, que reconozca los errores aplicados en las políticas penitenciarias que rigen las cárceles y solventar las problemáticas presentadas.
